Endesa ha presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica la solicitud oficial de cierre de la central térmica de Andorra. La acompaña con un plan destinado a compensar los efectos de la clausura. No obstante, este proyecto es inconcreto y se queda muy corto. Las administraciones, empezando por la ministra Teresa Ribera, deben exigir una compensación más justa para la comarca.

La eléctrica, ahora en manos italianas, asegura que le es «imposible» abordar las inversiones necesarias para que la planta cumpla con los nuevos límites de emisiones establecidos por la UE y subraya que respetará los 153 puestos de trabajo que de ella dependen. Para ello aporta una iniciativa «abierta» a fin de incluir aquellos proyectos «viables» que se puedan proponer en adelante. Dicho plan contempla una inversión de hasta 800 millones de euros para desarrollar nuevas instalaciones fotovoltaicas en Andorra, Alcorisa, Alcañiz, Ariño, Calanda e Híjar. Detalla que la ejecución de las mismas generaría 2.000 empleos en la etapa de construcción y 60 durante más de 25 años en actividades de operación y mantenimiento.

Endesa deja, pues, una puerta abierta a ampliar este plan, que necesariamente deberá ser enriquecido porque son imprescindibles más puestos de trabajo e inversiones estratégicas que aseguren que la comarca no se va a hundir con el cierre de la central. El Ministerio, la DGA, los ayuntamientos afectados y los sindicatos deben preparar con Endesa una estrategia detallada y debidamente financiada para hacer frente a un cierre que puede ser letal para la comarca andorrana si no se toman medidas compensatorias suficientes y eficaces. La ministra Ribera, que el lunes avisó a Endesa que no autorizará el cierre si no presenta un plan de inversión que garantice que las personas «no se quedan atrás», es la que ahora debe ponerse al frente en la concreción y ampliación de esa justa compensación.