El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, es partidario de primar con incentivos fiscales y complementos salariales a los funcionarios para que residan de forma estable en los municipios turolenses en los que desempeñan su trabajo. Dolado incluye esta propuesta en el Informe Especial sobre la Situación de Teruel, que ha presentado en la capital este lunes ante agentes económicos y sociales. El estudio, el primero que elabora Dolado, partió de la reunión que mantuvo con el colectivo Teruel Existe y dedica su atención a plantear alternativas que inviertan el proceso de despoblación que padece la provincia.

El Informe Especial, redacto por el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, repasa los estudios previos sobre la situación de la provincia e incluye las respuestas al cuestionario remitido a todos los ayuntamientos para que plantearan sus inquietudes. También recabó dictámenes de todos los departamentos del Gobierno aragonés, aunque los de Economía y Desarrollo Rural ni siquiera contestaron y el de Presidencia remitió un escrito testimonial. Hernández ha lamentado que el consistorio de Teruel se limitara a responder que no es «competente» en las materias planteadas –despoblación, comunicaciones, sanidad, educación y desarrollo económico– y que no tiene funcionarios para contestar.

Ángel Dolado ha explicado que la Administración debería promover reformas legales para incentivar a los funcionarios que viven en los lugares donde tienen su trabajo, respetando el derecho a fijar la residencia libremente. A su juicio, «no es creíble» que la prestación de un servicio público se pueda realizar con la misma calidad cuando el empleado reside en otra población. Dolado ha afirmado que las primas serían aplicables a la educación, la sanidad y la justicia. En su opinión, también a la ciudadanía hay que exigirle «coherencia» cuando reclama medidas contra la despoblación.

El Informe considera que la eficacia de las inversiones llevadas a cabo en la provincia con cargo al Fite o el Plan Miner ha sido escasa en la generación de empleo por falta de «coordinación» y plantea la conveniencia de crear la figura de un «coordinador» con autoridad para planificar y ejecutar una inversión integrada que asiente población. Aunque considera válidos los proyectos estratégicos, como Motorland o el aeropuerto de Teruel, reclama también inversiones productivas dispersas por el territorio.

El Justicia ha dicho que el futuro de Teruel tiene «claroscuros» y apunta entre las vías de crecimiento al turismo rural, la truficultura o la venta por internet, a modo de ejemplos. Entre los aspectos más negativos, resalta la amenaza de cierre inminente de la central térmica de Endesa y de la minería del carbón. En su opinión, se han perdido diez años en la generación de alternativas laborales. Exige, como infraestructura básica indispensable, la elevación de aguas del Ebro a Andorra.

Respecto a las comunicaciones, respalda las movilizaciones para conseguir un tren moderno y no dudó en mostrarse dispuesto a encabezarlas. Afirma que los ciudadanos deben «tomar la calle día tras día» para conseguir que la Administración les haga caso y dote a la provincia de un ferrocarril y carreteras dignas, así como de una conexión de alta velocidad a internet.