Teruel
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Los agentes sociales urgen un cambio de rumbo del Fondo de Inversiones de Teruel

Dicen que posibilita proyectos estratégicos, pero suplanta la inversión ordinaria.

Santiago Ligros (Cámara de Comercio), Alejo Galve (UGT), Carlos Torre (CEOE)_y Pilar _Buj (CC. OO.).
Santiago Ligros (Cámara de Comercio), Alejo Galve (UGT), Carlos Torre (CEOE)_y Pilar _Buj (CC. OO.).
Jorge Escudero

Los agentes sociales coinciden en su valoración critica de la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) desde su creación en 1993, aunque valoran positivamente que haya puesto en marcha proyectos "estratégicos", como Motorland, el aeropuerto de Teruel, Galáctica o Dinópolis, que, de otro modo, hubieran sido inviables.

Los sindicatos CC. OO. y UGT, la CEOE y la Cámara de Comercio reivindican participar en la mesa que decida las inversiones futuras para primar las infraestructuras de telecomunicaciones, la generación de riqueza y, sobre todo, evitar que el Fondo sustituya a la inversión ordinaria, como, según denuncian, ha ocurrido demasiadas veces. Concluyen, a la luz del reciente informe de la Cámara de Cuentas sobre la aplicación de los 934 millones del Fite desde su creación, que su presencia en los órganos decisorios aportaría una visión muy pegada a la realidad socioeconómica de la provincia y ajena a intereses partidistas.

El secretario general de UGT, Alejo Galve, es muy crítico con el pasado del Fite porque "se creó con el objetivo de combatir la despoblación y no lo ha conseguido". Sin embargo, su principal reproche a los dos gestores del fondo –los gobiernos central y autonómico– es que "se ha utilizado para suplir a los fondos ordinarios que debían destinar a la provincia".

El secretario de la Cámara de Comercio, Santiago Ligros, es menos beligerante y señala que esta herramienta financiera tiene "claroscuros" pero merece una "valoración positiva". Añade que "ha generado riqueza y proyectos dinamizadores". A su juicio, un nivel de ejecución superior al 90% en 25 años de desarrollo es "aceptable". Entre los reparos, destaca el escaso plazo para ejecutar proyectos ambiciosos.

El presidente de la CEOE, Carlos Torre, cree que el Fite ha posibilitado "proyectos dinamizadores", pero la falta de coordinación entre administraciones ha impedido exprimir al máximo los recursos. A su juicio, "clama al cielo" que "se pierda parte de los pocos recursos que llegan a la provincia", en referencia a los 86 millones del Fondo que no se han invertido desde su inicio. Opina que la administración debe "redirigir" las partidas no consumidas para que "no se pierda ni un euro" y agilizar la aprobación de los proyectos, para que no se esfume dinero por incumplir plazos.

La secretaria general de CC. OO. en Teruel, Pilar Buj, lamenta que este recursos financiero extra se destine en buena medida a "sustituir las inversiones ordinarias". Reconoce que no es suficiente, por si solo, para corregir un problema tan aplastante como la despoblación, pero que debería haber creado condiciones "para que la gente no se vaya de los pueblos". Considera "sangrante" que no compense ni de lejos la exclusión del Fondo de Compensación Territorial, su fin fundacional. Entre los aspectos más negativos, destaca la regulación "abstracta e insuficiente" de la aplicación del Fondo y reclama "claridad y precisión" a la hora de ejecutar los proyectos.

Alejo Galve reivindica de cara al futuro la incorporación de los agentes sociales "con voz pero sin voto" a la comisión que asigna los recursos –ahora en manos de los gobiernos central y autonómico–. Opina que sindicatos y patronal aportarían "más ideas respecto a las necesidades de la provincia" que las administraciones. Pide también más "coordinación" entre las instituciones para tener en cuenta la inyección extra de recursos que llega a la provincia con el Plan Miner.

Santiago Ligros reclama tres líneas nuevas de actuación: garantizar el acceso a la banda ancha de internet, complementar la financiación de programas europeos y reforzar la oferta de vivienda en el medio rural, porque "hay gente dispuesta a instalarse en los pueblos pero no encuentra casa".

Carlos Torre propone que el 50% del Fite se destine a financiar una "estrategia integral contra la despoblación" gestionada con parecidos criterios a los aplicados con éxito en las tierras altas de Escocia, donde se ha logrado revertir una regresión demográfica de largo recorrido. El órgano gestor estimularía a los promotores o tomaría la iniciativa directamente con un funcionamiento autónomo, con personal solvente e independiente, muy cercano al territorio y con capacidad de iniciativa. Todo ello sometido a auditorias económicas y supervisado por la Administración. No obstante, coincide con el resto de agentes sociales en que, para frenar el desplome demográfico, es clave aplicar ventajas fiscales.

Pilar Buj reclama recuperar la ejecución plurianual para acometer "proyectos generadores de riqueza". Propone una evaluación previa de las inversiones para conocer su "impacto" en la renta provincial antes de darles el visto bueno y también un seguimiento de la ejecución y desarrollo inicial para comprobar que responden a las expectativas. Aboga también por exigir "responsabilidades" a los adjudicatarios por a gestión de las ayudas. A su juicio, así se evitaría otro "bofetón" a la gestión del Fite como el de la Cámara de Cuentas.

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