Uno de los 14 procesados a raíz de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número dos de Teruel para desmantelar una presunta trama internacional de inmigración de kurdos a Reino Unido e Irlanda a través de España reconoció er ante el juez su participación, si bien puntual, en los hechos. Se trata de un hombre de mediana edad, cuyas iniciales son R. M. H., que reside en Reino Unido aunque es de origen iraquí y al que se le imputa haber captado e incluso acompañado a kurdos para su desplazamiento ilegal a países europeos.

Según manifestó el abogado que defiende a R. M. H., Óscar Gilsanz, el acusado admitió haber tenido "contacto puntual" con otras personas para el transporte de kurdos a cambio de dinero en dos ocasiones y todo ello movido por la situación de necesidad económica que atravesaba. El abogado subrayó que su cliente no tenía conocimiento de que se trataba de una organización criminal ni tampoco de la manera en que ésta transportaba a las víctimas.

Gilsanz explicó que su representado debió percibir menos de mil euros por su labor. R. M. H. fue detenido el pasado mes de julio en Suiza, donde se encontraba ocasionalmente, y extraditado a España, donde el juez del Juzgado de Instrucción número dos de Teruel, Jorge Cañadas, que dirije la investigación, ordenó su ingreso en prisión. No obstante, su abogado tiene previsto pedir para él la libertad, al considerar que R. M. H. desconocía que se tratara de una actividad ilegal.

Más interrogatorios

Para el lunes está previsto que acuda a declarar uno de los dos presuntos cabecillas o principales artífices de la trama de inmigración ilegal. Las declaraciones ante el juez continuarán el martes con otros supuestos implicados. Además de R. M. H., fueron interrogadas en el Juzgado otras cuatro personas acusadas de ser las encargadas de recibir el dinero que pagan las víctimas y sus familiares por el transporte ilegal, así como de blanquearlo. Son los llamados ‘remesadores’, situados en un escalafón inferior dentro de la jeraquía de la trama. El juez imputa a todos ellos, inicialmente, los delitos de tráfico ilegal de personas y blanqueo de capitales.

La red, que utilizaba la autovía Mudéjar o A-23 para trasladar a los refugiados dentro de camiones frigoríficos que hacían el recorrido entre Valencia y el País Vasco, se destapó a principios del año pasado cuando, en menos de un mes, la Guardia Civil de Teruel localizó en la zona del Jiloca dos tráileres que transportaban verduras por la autovía y en los que viajaban ocultos entre la carga, entre los dos vehículos, un total de 15 ciudadanos kurdos, varios de ellos menores de edad. Uno de los camiones fue localizado en el término de Villafranca del Campo y el otro, en Ferreruela de Huerva.