Piden 5 años de prisión para un exalcalde y el secretario de Calanda, acusados de amañar contratos
El fiscal les imputa los delitos de prevaricación y falsedad en la adjudicación de proyectos para urbanizar el polígono
La Fiscalía Provincial de Teruel ha solicitado que el excalde de Calanda Manuel Royo y el secretario municipal de esta localidad sean condenados cada uno a 5 años de prisión, una multa de 14.400 euros y 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público por los presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial.
El Ministerio Fiscal acusa a ambos de adjudicar sin expediente administrativo o cometiendo irregularidades en el mismo hasta 14 contratos para redactar proyectos parciales de urbanización de un polígono industrial y agrícola en la localidad. Según indica en su escrito de calificación provisional previo a la celebración del juicio oral Royo y el secretario municipal, de forma conjunta, habrían simulado expedientes administrativos con apariencia de legalidad para justificar contratos concedidos previamente, de forma verbal, a un determinado profesional.
Junto a ellos, también están acusados un ingeniero y un arquitecto adjudicatarios de la redacción de dichos proyectos de obras. Uno de ellos, que será defendido por el abogado Javier Osés, es A. L. C, quien habría recibido 13 encargos directos de parte del alcalde y para quien la Fiscalía de Teruel pide tres años de prisión, una multa de 4.800 euros y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años. El fiscal lo considera responsable, en la modalidad de cooperador necesario, de los delitos continuados de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial al haber participado, supuestamente, en dicha ficción jurídica.
El otro es M. A. L. S., que se enfrenta a una solicitud de condena de 4 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un supuesto delito de prevaricación administrativa, igualmente como cooperador necesario, en un contrato que no estaría soportado por un expediente legal.
La Fiscalía entiende que Manuel Royo encargaba de palabra la redacción de los proyectos y, después de elaborados, confeccionaba junto con el secretario, "a sabiendas", expedientes administrativos simulados. En muchos casos, según el Ministerio Público, se aparentaba que habían sido invitadas varias empresas a participar en el supuesto procedimiento negociado y que estas remitían su oferta económica, si bien no era cierto. En varias ocasiones, habría sido estampada una firma como si fuera de puño y letra del representante legal de una entidad mercantil, no siendo reconocida por este como original la rúbrica, que habría sido fotocopiada o escaneada, se afirma en el escrito de la Fiscalía.
Los hechos, que han sido investigados por el Juzgado de Instrucción número uno de Alcañiz, se sitúan entre los años 2005 y 2009. El fiscal explica que fue en 2005 cuando el Ayuntamiento de Calanda decidió construir un nuevo polígono industrial, solicitando a A. L. C. que asumiera el encargo de redactar la práctica totalidad del proyecto. Poco después, Royo, consciente del breve espacio de tiempo que existía para presentar el trabajo y poder obtener subvención del Plan Miner, apremió por teléfono al ingeniero para que redactara el estudio de la explanación y urbanización del terreno en el menor tiempo posible, adjudicándoselo verbalmente y "sin tramitar expediente administrativo alguno", dice el fiscal.
El actual alcalde de Calanda, José Ramón Ibáñez, salió este viernes en defensa de su antecesor y dijo que todo se hizo "con la mejor intención y debido a la premura de tiempo para recibir la subvención oficial". Añadió que "todo se aclarará, aunque por ahora cada uno atraviesa su calvario".
