Desarticulada una red de tráfico ilegal de fármacos falsificados con núcleo en Alcorisa

La Guardia Civil ha desarticulado una trama de tráfico ilegal de fármacos falsificados a nivel internacional cuyo núcleo se ubica en Alcorisa. La operación policial, denominada Ayúrbeda y que centró sus pesquisas en el Bajo Aragón, se saldó con 16 personas detenidas o investigadas, una de ellas, el gerente de Defabar, el laboratorio ubicado en el polígono industrial de dicha localidad turolense.

Esta red importaba a España medicamentos y principios activos a granel desde India para fármacos que luego viajaban a países de Asia, África o América, donde eran revendidos a precio inferior del que correspondería. Se trataba de medicinas para enfermedades tan graves como la psicosis, dolencias cardíacas o leucemia, que se terminaban de fabricar o envasar en Alcorisa, donde adquirían el aspecto adecuado para hacerlos pasar por españoles.

También importaban medicamentos ya terminados desde estos países. Fuentes de la Guardia Civil explicaron que, en ocasiones, estas medicinas presentaban un nivel de concentración de su principio activo que rozaba el límite más bajo –en España debe estar en un término medio–, por lo que podían ocasionar en el paciente un déficit de sustancia curativa. Otras veces, los productos viajaban sin las suficientes medidas de conservación y, una vez en España, se les daba apariencia de fabricación nacional para facilitar su venta en terceros países bajo una supuesta marca española.

Denuncia desde Irán

La Guardia Civil ha desarticulado esta red con una investigación en varias fases desarrollada en las provincias de Teruel, Barcelona, Castellón, Sevilla, Valencia y Madrid. El punto de inicio fue una denuncia ante la Agencia Española del Medicamento (Aemps) de un laboratorio iraní que, tras pagar 70.000 euros por una remesa de medicamentos a un laboratorio español, ni recibió el producto ni le fue devuelto el importe.

El gerente de Defabar, Gabriel García Gavín, era el cabecilla de la trama y administrador único de la farmacéutica. También gestionaba otro laboratorio, Raga, ubicado en la misma sede del polígono Los Estancos. La operación se llevó a cabo a finales de 2017, aunque no ha sido hasta ahora cuando la Guardia Civil la ha hecho pública al levantarse el secreto de sumario. García Gavín fue detenido pero luego puesto en libertad con cargos, con la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días y tras serle retirado el pasaporte.

Se le acusa de un delito contra la salud pública, y otros de blanqueo de capitales, tráfico ilegal, falsificación de documentos y estafa. Defabar comenzó su actividad en 2008 como un proyecto pionero en desarrollo farmacéutico que tenía autorización para importar algunos medicamentos. El proyecto contó con el respaldo de las administraciones.

La empresa continúa en activo y cuenta con más de media docena de trabajadores. Varios de ellos están siendo investigados por el mismo asunto, aunque aseguran que desconocían la presunta ilegalidad de las actividades.

Defabar acumulaba numerosos conflictos con la plantilla por impagos de nóminas superiores a un año y contaba con varias sentencias en contra por despidos improcedentes. No obstante, García Gavín, que, según fuentes policiales, podría haber obtenido un beneficio de cientos de miles de euros, no se habría enriquecido personalmente. Al parecer, el dinero se destinó a enjugar deudas acumuladas y a la puesta en marcha de otros negocios que emprendía con una "mala gestión". El gerente se encontraba este miércoles en la empresa y no quiso realizar declaraciones.

Marcas ficticias

Según informan desde la Guardia Civil, se pudo constatar la existencia de una trama de fabricación y distribución ilegal de medicamentos a varios países de Asia, África, Europa, América Latina y América del Norte desde España, en algunos casos para su reexportación y en otros, para su introducción en los canales legales de distribución. A veces, estos medicamentos falsificados eran adquiridos al laboratorio bajoaragonés por otras entidades, esencialmente distribuidores, que bajo su propia marca ficticia y simulando el papel de fabricante, eran comercializados fuera de la Comunidad Europea a países con legislación y control más laxos, principalmente de África, Asia y en menor medida de América Latina. Medicamentos ilícitos que acababan en el circuito legal del país receptor, debido a que es el Gobierno correspondiente el que hace el pedido a través de un distribuidor nacional legal (con el que contactaba el laboratorio alcorisano).

Al parecer, todo el proceso, incluido el etiquetado, se hacía en los laboratorios asiáticos con los que tenía esa relación. Laboratorios autorizados en esos países, pero sin certificación europea. El detenido contactaba con distribuidores legales de naciones como Arabia Saudí, Congo, Irán, Líbano o Panamá, para su distribución. El producto llegaba con la etiqueta de fabricados en España –lo que les daba garantía de legalidad– y el prospecto en el idioma correspondiente. Se transportaban en avión y por puertos francos, de tal manera que se eludía el control si en el tránsito se incluían países europeos porque no tocaban suelo comunitario salvo el del aeropuerto correspondiente.

La investigación constató su relación comercial con otras empresas en provincias como Sevilla, Barcelona, Castellón y Valencia, que eran meras intermediarias y realizaban funciones como búsqueda de clientes. Estas, a su vez, tenían vinculación con otras de Francia e Inglaterra. La Oficina de Investigación Criminal de la Food & Drugs Administration de EE. UU. vincula a este laboratorio y a su administrador único, con otro de Mumbay (India), implicado en tráfico ilícito con destino a Estados Unidos para su exportación a Latinoamérica.

La operación policial ha sido llevada a cabo por la UCO, la Europol y la Aemps, entre otros muchos organismos nacionales e internacionales.