Desarticulada una red de inmigración ilegal de kurdos a través de la A-23

Unidades especiales de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Europol desarticularon este miércoles en Valencia, con la detención de entre 5 y 7 personas, la trama delictiva internacional que estaría detrás del desplazamiento clandestino que 14 ciudadanos Kurdo-iraquíes –ocho de ellos niños menores de trece años– realizaban el año pasado en dos camiones frigoríficos interceptados en la A-23 a la altura de Ferreruela de Huerva y Villafranca del Campo en los meses de febrero y marzo, respectivamente. Los vehículos, cargados de verduras y procedentes del Levante español, se dirigían a Reino Unido, destino de los polizones.

Los detenidos, entre los que se encuentran hombres y mujeres tanto españoles como extranjeros y todos ellos de mediana edad, serán puestos a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número dos de Teruel –que ha coordinado la investigación–, previsiblemente, mañana por la mañana, tras haber permanecido en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en la capital turolense. A lo largo del día de ayer, la Policía llevó a cabo media docena de registros domiciliarios en busca de pruebas, algunos de ellos en viviendas de la Fuensanta, un barrio humilde de Valencia.

La Policía ha podido llegar hasta el domicilio de los detenidos tras ser investigados en primer lugar los teléfonos móviles de las víctimas y, a partir de los datos obtenidos, pinchados los dispositivos y líneas de comunicación utilizados por los investigados, en número muy superior a los usados por cualquier ciudadano medio aún sumando los de su ámbito personal y los de negocios.

La investigación considera que esta red se dedicaba a facilitar el transporte ilegal de emigrantes de territorios en guerra hasta Reino Unido a través de España cobrándoles grandes sumas de dinero y sin importarles poner en riesgo la vida de estos polizones. El grupo de ocho personas –entre ellas una niña de 18 meses– que viajaba en el camión interceptado en Villafranca del Campo el 10 de marzo de 2017 pidió ayuda al 112 a través de su teléfono móvil desde el interior de la cámara frigorífica ante el agotamiento, frío y dificultades para respirar que padecían, al haber solo 4 grados de temperatura. Esta expedición podría haber subido al camión en Barracas (Castellón), donde el chófer paró por problemas con la ventanilla tractora y para descansar, reanudando la marcha horas después sin percatarse de que llevaba polizones.

Cuando el 15 de febrero de 2017 la Guardia Civil llega al área de descanso de la A-23 en Ferreruela de Huerva –alertada por una empresa de transporte después de que el chófer de uno de sus trailers frigoríficos oyera ruidos en la parte trasera del vehículo–, se encuentra a 6 personas de nacionalidad iraquí y etnia kurda, integrantes de una misma familia, que ocupaban un espacio reducidísimo que los propios agentes consideraron "claustrofóbico".

De 8.000 a 15.000 euros

Fuentes de la investigación señalan que los integrantes de la mafia, alguno de los cuales tendría la función de "captar" a emigrantes en situación irregular, cobraban a sus víctimas entre 8.000 y 15.000 euros por persona, independientemente del número de intentos que tuvieran que realizar hasta conseguir llegar a Reino Unido, punto en el que debían abonar el dinero. El precio dependía del medio de transporte en el que fuesen a viajar, camión o avión.

Los detenidos son, presuntamente, los cabecillas de la trama criminal, si bien la operación, bautizada como ‘Brocolín’, sigue abierta. También se practicó ayer un registro domiciliario en Bilbao y se tiene la sospecha de que una quincena de personas en distintos países europeos forman parte igualmente de la red.

Las mismas fuentes señalan que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, agravado por haberse cometido en el seno de una organización delictiva y por poner en peligro la vida de las personas, así como otro de blanqueo de capitales.