Las ayudas del Gobierno de España a catorce centrales termoeléctricas para favorecer la reducción de emisiones contaminantes centran una investigación iniciada este mismo lunes por la Comisión Europea (CE). La planta de Andorra es una de las receptoras, según confirmaron a HERALDO fuentes de Endesa, que declinaron hacer ningún tipo de valoración sobre las pesquisas emprendidas por Bruselas. El organismo europeo considera que estos ingresos favorecen una competencia desleal, lo que ha motivado la apertura de la inspección.

Las catorce empresas han recibido más de 440 millones a lo largo de la última década como contraprestación pública a la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre para reducir la emisión del compuesto. Se desconoce la cantidad que durante este período ingresó la central turolense, si bien el reparto se realizó en función del tamaño y de las emisiones de cada una de las catorce plantas. El sistema de incentivos se planteó con una duración de trece años, hasta 2020, cuando concluiría el reparto de ayudas públicas.

La nota difundida este lunes por el Ejecutivo comunitario refleja la sospecha de que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios “simplemente se ajustaban a las normas obligatorias de la UE en materia medioambiental aplicables entonces a las centrales de carbón”. De ser así, significaría que el régimen "no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador". Es decir, que se habrían repartido subvenciones solo por cumplir con la norma vigente.

La CE considera que las ayudas podrían vulnerar un principio "fundamentado" de la legislación europea, por el cual los estados miembro "no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan con las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente". El Ejecutivo comunitario remarca que, de ser ciertas estas sospechas, el sistema de incentivos conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal con respecto a otras formas de producción de electricidad y a las centrales de carbón de otros países de la Unión Europea.

En cualquier caso, Bruselas ha señalado que la apertura de la investigación busca determinar si sus dudas iniciales están justificadas, al tiempo que ha añadido que "brinda a España y a terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones, sin prejuicio del resultado de la investigación".

"Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE. Creemos actualmente que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle", ha apuntado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

La Comisión Europea ha anunciado esta investigación tres días después de confirmar que está analizando la compatibilidad del real decreto que el Gobierno quiere aprobar para evitar el cierre de centrales eléctricas con las normas europeas en materia energética.