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Teruel

Un informe de Intervención insta a la Diputación de Teruel a cesar a 27 interinos

Alerta de que accedieron a trabajos incluidos en ofertas públicas de empleo caducadas, en algunos casos desde 2002. El equipo de gobierno dice que "nadie" perderá su empleo.

Un informe del servicio de Intervención de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) considera que 27 empleados interinos deben ser cesados "forzosamente" al considerar que ocupan plazas correspondientes a ofertas de empleo público (OEP) que han caducado tras haber pasado más de tres años desde su aprobación sin que se haya convocado su cobertura.

El dictamen, de principios de 2017, se basa en una auditoría externa contratada por la DPT sobre el área de recursos humanos de la institución. Entre las conclusiones del auditor retomadas por Intervención, destaca que desde 2002 no se convocan ofertas de empleo público para incorporar personal a la DPT. Añade que, según el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007, todas las OEP que no se desarrollaban en los tres años siguientes a su aprobación caducan. Este criterio se aplica con carácter general a las ofertas posteriores a 2007 y, según la auditoría, también se debe tener en cuenta en las anteriores.

En el caso de la DPT, la suma de empleados interinos a cuenta de OEP caducadas desde 2002 es de 27. El informe considera que la caducidad obliga a cesar a estos trabajadores, lo que generaría una "situación grave y delicada" a la Diputación al perder en torno al 10% de su plantilla de una tacada.

El diputado delegado de Personal, el aragonesista Rafael Samper, resta impacto al informe y afirmó que "nadie tendrá que dejar su puesto de trabajo" en la DPT. Señala que, al contrario de lo que sostienen las conclusiones de Intervención, la caducidad no afecta a las ofertas de empleo aprobadas antes de 2007, lo que supone la mayor parte de los 27 empleos cuestionados. Samper añade que ningún tribunal ha fallado en sentido contrario. Respecto a las ofertas posteriores al Estatuto Básico del Empleado Público, adelanta que la DPT trabaja en el "rescate" de esas plazas para que tampoco se pierdan.

Rafael Samper considera que la solución al problema planteado por la auditoría y por el informe de Intervención está "bien encaminada". Señala que, en materia de contratación de personal, la "buena noticia" es que después de 15 años sin OEP –desde 2002 se han aprobado varias, pero no se han convocado– la DPT va a lanzar una oferta de 17 plazas, a la que podrían sumarse otras 6 o 7.

Desde la representación sindical de la plantilla manifiestan su inquietud por el impacto que tendría aplicar las conclusiones del informe al poner en peligro 27 empleos. Añaden que tras conocer este documento, han solicitado al equipo de gobierno PAR-PP un informe jurídico que aclare la situación y que proponga soluciones para el problema laboral destapado, aunque de momento sin recibir ninguna respuesta por escrito.

La auditoría externa considera también que el sistema de control de asistencia del personal a sus puestos de trabajo es "inefectivo y poco práctico". También resalta el "incumplimiento de la obligatoriedad" de elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) que determine las características de los empleos, las retribuciones y los requisitos exigidos para el desempeño. Considera que este documento es "imprescindible" para el buen funcionamiento de la institución.

El informe alerta de los posibles inconvenientes de la "externalización" de funciones relativas a la gestión del personal. Apunta labores que podrían pasar a manos privadas pero advierte de que este traspaso puede "interpretarse como un vaciamiento de contenido de la institución".

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