El Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz, en la provincia de Teruel, ha informado al Justicia de Aragón que ha contactado con un técnico para que realice una medición del ruido procedente de una explotación no comercial de animales de granja, conejos y aves ponedoras, ubicada en el casco urbano, denunciada ante el Justicia por unos vecinos debido a las molestias constantes.

El Justicia de Aragón había sugerido al consistorio que interviniera activamente para inspeccionar y solventar, en su caso, la supuesta contaminación acústica. También le recordaba las funciones de control y sanción que tiene atribuidas y que le obligan a actuar con inmediatez ante las denuncias.

En su respuesta a esta sugerencia, el Consistorio ha confirmado la contratación del técnico independiente y la medición oportuna en condiciones normales para los animales de la explotación y anuncia que, en caso de que no se cumplan los parámetros previstos en la Ley, se procederá a retirar la autorización municipal.

Asimismo, ha informado que recientemente se ha inspeccionado la actividad para confirmar que cumple con las condiciones de la licencia y que los propietarios han reubicado a los animales a la zona más alejada del patio de la casa contigua con el fin de minimizar las molestias.

El Ayuntamiento de esta localidad turolense también acepta la sugerencia de la institución de dotarse una normativa sobre contaminación acústica, para lo cual, ha informado que recurrirá al modelo tipo facilitado por la Administración autonómica.

El Justicia de Aragón es consciente de que en este tipo de situaciones subyace un problema de civismo que requiere que los miembros de la comunidad se ajusten a unas pautas mínimas de comportamiento que permitan convivir en paz y libertad, con respeto a los demás y a los bienes ajenos.

En este sentido, Fernando García Vicente opina, y así se lo hizo saber al Ayuntamiento, que el primer paso para solucionar pacíficamente estos problemas es la mediación entre las partes afectadas pero que, en caso de no ser suficiente, la Administración local debe actuar con el fin último de garantizar la convivencia.