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Teruel
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El juez no ve corrupción urbanística en el caso Pomecia, pero imputa prevaricación a un exedil

Dispone seguir las diligencias contra el exconcejal Jesús Fuertes y archivarlas respecto de 3 exalcaldes y 2 técnicos. Dice en su auto que el problema fue la cesión de terrenos a familias gitanas que ampliaron el barrio de espaldas a la ley.

El juez explica en su auto que el barrio de Pomecia –en la imagen– supone una cuestión de confrontación entre legalidad urbanística y un problema social. Señala que la tensión por la situación del barrio, en el que viven 60 familias de etnia gitana, va creciendo. La población reclama una solución ajustada a derecho.
El juez explica en su auto que el barrio de Pomecia –en la imagen– supone una cuestión de confrontación entre legalidad urbanística y un problema social. Señala que la tensión por la situación del barrio, en el que viven 60 familias de etnia gitana, va cr
Jorge Escudero

El juez que instruye las diligencias previas para averiguar si autoridades o funcionarios del Ayuntamiento de Teruel cometieron delitos urbanísticos en el barrio de Pomecia –un área de edificación ilegal que concentra gran parte de la población gitana– ha dictado un auto en el que exculpa a los exalcaldes Lucía Gómez, Miguel Ferrer y Manuel Blasco y a dos técnicos municipales, pero imputa al exconcejal de Urbanismo Jesús Fuertes por presunta prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. Todos ellos fueron investigados a raíz de la denuncia presentada por la propietaria de la mayor parte de los terrenos donde se asienta Pomecia, Isabel Gorbe, que acusa al Consistorio de haber sido cómplice y colaborador en el proceso de ocupación irregular de los terrenos.

En su escrito, el magistrado, Juan José Cortés, dispone archivar la causa respecto de los tres exalcaldes y los dos técnicos, si bien acuerda continuar el procedimiento contra Fuertes al entender que existen indicios de que ralentizó "voluntariamente y con conocimiento de su ilegalidad" varios expedientes incoados a consecuencia de las denuncias de Gorbe, lo que habría provocado su caducidad. La decisión judicial todavía puede ser recurrida.

Origen del conflicto

Cortés afirma que "no estamos ante un supuesto de corrupción urbanística donde los políticos de turno hayan intentado llenarse los bolsillos con comisiones, enriqueciéndose ellos mismos o sus allegados o próximos". Subraya que han sido investigados responsables del Consistorio de muy distinto signo político –Lucía Gómez, del PSOE, Miguel Ferrer, entonces del PAR, y Manuel Blasco, del PP– y todos "se han encontrado con el problema de Pomecia, sin que hasta la fecha se le haya dado una adecuada solución". El magistrado sitúa el origen del conflicto en los años 60, "cuando se cedieron terrenos a favor de alguna familia gitana". "Estas familias –continúa– comenzaron a ampliar las zonas ocupadas de espaldas a la normativa aplicable".

El auto divide los hechos en tres estadios temporales. En el primero, antes de 2008 y que afecta a Lucía Gómez y a Miguel Ferrer, las obras municipales que se realizaron en Pomecia responderían –dice el juez– a razones de seguridad y salubridad, para evitar que las aguas torrenciales pudieran causar una desgracia. Respecto a una segunda fase, de 2008 a 2012, el magistrado considera que no puede achacarse inactividad al Ayuntamiento, pues dictó órdenes de paralización de edificaciones ilegales e incluso un decreto de demolición, si bien está a la espera de resolución final en altas instancias judiciales. En el tercer periodo, 2013, sitúa el presunto delito de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos pues Gorbe denunció nuevas construcciones ilegales pero el Consistorio no habría actuado. El juez atribuye a Fuertes las sospechas de pasividad porque este justificó el retraso en la tramitación de los expedientes en la falta de identificación de los afectados de etnia gitana, cuando la Policía Local aseguró que todos estaban identificados.

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