La edificación ilegal en el entorno de Teruel, un problema enquistado en el urbanismo de la ciudad, vuelve a estar sobre la mesa con toda su virulencia tras la orden de demolición dictada por un juzgado contra una edificación sin licencia de la carretera de Castralvo, uno de los ocho núcleos de construcción espontánea del municipio, donde hay más de mil edificaciones levantadas sobre suelo no urbano. El propietario del chalé a demoler, Rubén Aguilar, logró paralizar el derribo a última hora al encerrarse en el interior con amigos y familiares. Advierte de que, si las excavadoras aparecen y llevan a cabo su trabajo, denunciará las edificaciones ilegales de toda la ciudad, una posibilidad que pone los pelos de punta a los propietarios de este tipo de construcciones.

El último censo oficial de edificaciones ilegales –construidas sin licencia en suelo no urbano– se remonta a 2010 cuando, en el marco de la fallida revisión del Plan General de Ordenación Urbana, se censaron 832 casas irregulares en Teruel, a las que había que sumar otras 200 en las pedanías. El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, considera que las cifras globales apenas han variado desde entonces porque el Ayuntamiento puso en marcha un servicio de control urbanístico con dos policías locales dedicados íntegramente a vigilar la edificación ilegal. El parón constructivo derivado de la aguda crisis económica desatada en 2008 ha frenado también la construcción clandestina.

Aún así, en lo que llevamos de año el Ayuntamiento ha aprobado 17 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística por otras tantas infracciones graves en materia edificatoria, en gran medida construcciones sin licencia en la periferia urbana. La zona donde se concentra actualmente el problema es la vega del río Turia. En muchos casos, se trata de pequeñas construcciones agrícolas que superan las dimensiones permitidas y que se utilizan como casas de recreo ocasionales.

El concejal dice que el caso de la vivienda de Rubén Aguilar no es comparable a los cientos de casas irregulares que proliferan por el término municipal, porque sobre ella pesa una orden judicial de demolición que no deja otra alternativa al Ayuntamiento. "Hay un fallo firme que ordena el derribo subsidiario al Consistorio y tiene que ejecutarlo sí o sí", aclara.

Juan Carlos Cruzado dijo no estar preocupado ante la amenaza de denuncia generalizada que lanza Aguilar, aunque reconoce que el anuncio "ha generado revuelo". Añadió que, como en cualquier otro caso, si el Ayuntamiento recibe una denuncia contra una edificación presuntamente ilegal abrirá el correspondiente expediente administrativo. Advirtió, no obstante, de que si la oleada de denuncias se materializa, la alarma que pueda generar se "volverá" contra quien la haya desencadenado.

Los propietarios de las fincas ilegales más nuevas –la infracción por edificar sin licencia, calificada como "muy grave" en la legislación urbanística, prescribe a los 10 años– se han puesto en guardia ante la posibilidad de una denuncia masiva que desemboque en órdenes de derribo. El presidente de la Asociación de Vecinos de la Senda de Pitraque, Juan Valenzuela, reconoció que los dueños de las casas cuya infracción no ha caducado "han cogido mucho miedo".

Valenzuela explicó que su asociación ha mantenido varias reuniones con Rubén Aguilar para hacerle desistir de su intención, pero sin éxito. "Dice que arremeterá contra todos los que están en situación ilegal, pero intentamos hacerle ver que no procede querer hacer polvo también a los demás", dice. La Asociación Senda de Pitraque agrupa a 63 propietarios en la carretera de Castralvo, entre ellos el propio Aguilar. En su mayoría levantaron chalés sin licencia y en suelo rústico, pero también la mayor parte paga religiosamente el IBI y los recibos de recogida de basuras y alcantarillado, aunque este servicio no existe y los pozos negros proliferan como precaria alternativa. Valenzuela no descarta que su vecino, "desesperado", cumpla sus amenazas.