Blasco y Ferrer dicen que su actuación en Pomecia estuvo amparada por los servicios jurídicos

Los exalcaldes de Teruel Manuel Blasco y Miguel Ferrer acudieron ayer a declarar como investigados ante el juez del Juzgado número 1 de Teruel, que tiene abiertas diligencias para averiguar si hubo irregularidades urbanísticas en el barrio de Pomecia, donde se concentra la mayoría de la población de etnia gitana de la capital. La investigación judicial parte de la denuncia presentada por la propietaria de gran parte del suelo en el que se asienta el poblado, Isabel Gorbe, quien responsabiliza al Ayuntamiento de la existencia de una treintena de viviendas ilegales, al haber financiado accesos y servicios en el barrio.

Blasco (PP), que declaró ante el magistrado durante una hora, dijo, al término de su comparecencia, sentirse "con la conciencia muy tranquila". "Todo el mundo en Teruel sabe lo ocurrido en Pomecia desde los años 60", manifestó. Contestó afirmativamente a la pregunta de si actuó de buena fe y por solventar los problemas del colectivo gitano y se mostró confiado "en la Justicia".

El abogado de Manuel Blasco, Juan Carlos Monclús, explicó que su representado contestó a todas las preguntas que en la sala le formularon tanto el juez como el fiscal, pero no así a las de la parte denunciante, a la que acusó de haber presentado una querella "totalmente temeraria y torticera, que me atrevería a calificar de presunta coacción".

Monclús negó que Blasco, que entre 2010 y mediados de 2016 compaginaba la alcaldía con el puesto de senador, hubiera realizado alguna actuación concreta en relación a Pomecia. "Él tenía delegadas las competencias de Urbanismo, no llevaba el día a día del Ayuntamiento. Él hace lo que le pasan sus técnicos, sus funcionarios y los servicios jurídicos", subrayó el abogado.

Miguel Ferrer, alcalde de 2007 a 2010 por el PAR, no llegó a declarar al ser suspendida la prueba por un problema familiar de la letrada de la acusación, si bien podría hacerlo hoy. No obstante, en los pasillos del Juzgado, dijo que los alcaldes hicieron "lo que legalmente nos aconsejaban que hiciéramos". Destacó que su actuación en relación a Pomecia fue "correcta" y que siempre intentó solventar el problema con gestión urbanística. Agregó que se trata de un asunto "de muy difícil solución", pues "no se trata solo del asentamiento, sino de dar vivienda a las personas que están allí". También estaba citada como investigada Lucía Gómez, que gobernó la ciudad por el PSOE entre 2003 y 2007, pero por el mismo motivo no pudo ofrecer su versión y lo hará el jueves, 23 de febrero.

Está previsto que de hoy al jueves presten declaración un total de 10 personas. Entre ellas, también como investigados, acudirán el exgerente de Urbanismo, un exconcejal de Urbanismo y un técnico municipal. Como testigos han sido citados, entre otros, Javier Velasco, exalcalde de Teruel y exconsejero de Urbanismo de la DGA, y el jefe de la Policía Local.

Las declaraciones se producen después de que la Audiencia Provincial revocara el auto de inhibición al Tribunal Supremo (TS) dictado por el juez, quien entendió que el aforamiento de Blasco por su cargo de senador otorga al TS la competencia. La Audiencia estima que antes de derivar el asunto, el juez debe instruirlo y ver si hay indicios de delito.