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Teruel
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La Fiscalía pide 3 años de cárcel para 3 exdirectivos del Consejo del Jamón

El Ministerio Público acusa a los procesados de apropiación indebida y solicita que indemnicen conjuntamente a la Denominación de Origen con 300.000 euros.

El jamón de Teruel es el ingrediente protagonista de las tapas
Decenas de jamones se almacenan en el secadero Aire Sano de la Puebla de Valverde.
ANTONIO GARCíA

La larga y compleja instrucción abierta en 2014 por el Juzgado número 3 de Teruel para averiguar si hubo irregularidades económicas en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel en el periodo 2009-2013 ha llegado a su fin. El juez ha decretado esta semana la apertura de juicio oral contra tres exdirectivos de la institución, Fernando Guillén, Clemente Garcés y María Pilar Martín, a quienes el Ministerio Fiscal imputa un delito de apropiación indebida.

Los tres acusados se sentarán en el banquillo para hacer frente a la petición de condena formulada por el fiscal, quien en su escrito de calificación provisional solicita tres años de cárcel para cada uno de ellos así como que indemnicen solidariamente al Consejo Regulador del Jamón en la cantidad de 300.000 euros. Además, pide que se les imponga a cada uno una multa de 6.000 euros.

No obstante, los procesados aún disponen de tres días para recurrir el auto del juez, en el que, además, se les requiere para que presten una fianza suficiente como para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse, fianza que el magistrado cifra en 400.000 euros.

La Audiencia Provincial de Teruel será el órgano encargado de juzgar a los tres procesados. Durante la instrucción del caso llegaron a estar investigadas un total de 17 personas, entre directivos, vocales y trabajadores del Consejo, pero finalmente la Justicia ha sobreseído la causa respecto a 14 de ellos.

Guillén era en aquella época gerente del CRDO; Garcés, vicepresidente del Consejo y apoderado mancomunado en la filial Promorigen; por último, Martín era por entonces la presidenta del CRDO. El fiscal considera que los tres gestionaban de forma directa y principal tanto el Consejo del Jamón como su filial Promorigen y que no podían ignorar los actos económicos de ambas entidades en cuyo seno se realizó "lo que se entiende como un indebido e ilícito vaciado financiero del CRDO con fines espurios", según reza el escrito. El documento recalca que los acusados gestionaban un dinero común aportado por instituciones públicas y socios o miembros de la DO.

Para el fiscal, hubo una "excesiva e indebida facturación fraudulenta" de Promorigen al Consejo y su volumen de gastos indebidos o desproporcionados, "provocados o consentidos por los acusados en ilícito ánimo de lucro", descapitalizó al CRDO. Añade que todas las pérdidas de la filial eran repuestas por el Consejo con dinero efectivo a fin de que se obviase que estaba en causa de disolución y destaca que los acusados permitieron esta situación "decididamente y en beneficio propio".

"Gastos inflados"

Promorigen –afirma la Fiscalía– no tenía ingresos suficientes para las actividades que los procesados decidían realizar "acompañado de gastos inflados" y duplicaba las funciones del Consejo. "Su única razón de ser para los acusados –agrega– era lucrarse indebidamente a costa del CRDO, a modo de sociedad pantalla frente al resto de miembros del Consejo". El fiscal habla de costes superfluos, sobresueldos camuflados y donativos merced a la confusión supuestamente creada por los acusados entre ambas entidades.

El escrito de calificación del Ministerio Público estima que cuando Guillén, Martín y Garcés cesaron en su labor de gestión al frente de CRDO dejaron un déficit de 300.000 euros "fruto de la distracción de los fondos comunes que gestionaban de la entidad, en ilícito e indebido beneficio personal directo o indirecto". Sostiene que hubo una contabilidad plagada de irregularidades, acometimiento de operaciones de riesgo, falta de transparencia y gastos que no figuran adecuadamente soportados, como la compra de teléfonos móviles, arreglos a vehículos, lotes de regalos, uso de tarjetas bancarias, adquisición de combustible o un elevado número de comidas en restaurantes y alojamientos en hoteles.

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