Luz verde para un préstamo de 756.100 € tras 7 años de veto a los créditos por la elevada deuda

El BOA publica la autorización al Ayuntamiento de Teruel. La mayor parte se destinará a obras de reparación.

Reparar la Perimetral, prioritario. Con cargo a 40.000 euros del préstamo de Caja Rural se elaborará un estudio que determine las causas y soluciones al grave deterioro del pavimento de la Vía Perimetral, estrenada en 2008.
Luz verde para un préstamo de 756.100 € tras 7 años de veto a los créditos por la elevada deuda
Jorge Escudero

El Ayuntamiento de Teruel firmará mañana su primer crédito desde 2009 para financiar inversiones, acabando así con un veto legal derivado del elevado endeudamiento municipal. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó ayer la orden de Presidencia que autoriza al Consistorio turolense a contratar un préstamo de 756.100 euros y 8 años de vigencia, incluido uno de carencia, para afrontar distintos proyectos presupuestados para 2016.


La mayor parte de la inversión costeada con cargo al crédito que se firmará con la Caja Rural se destinará a obras de reparación de la ciudad. La mejora de aceras recibirá una inyección de 200.000 euros, seguida de 96.000 euros para redacción de proyectos, de la compra de una barredora con 95.000 euros y la mejora de la iluminación del parque de Los Fueros con 90.000 euros.


La concejala delegada de Hacienda, la popular Rocío Féliz de Vargas, explicó que la autorización de la DGA para volver a firmar créditos para inversiones tras un parón de siete años evidencia que "el enfermo –en referencia a las finanzas municipales– está mejorando". Féliz de Vargas reconoció que la cantidad autorizada para 2016 es todavía modesta y obliga a buscar financiación en otras Administraciones para acometer inversiones ambiciosas.


La edil adelantó que, previsiblemente, el importe de los préstamos para inversiones podría crecer hasta el millón de euros el año que viene, aunque matizó que todo está a expensas de la evolución económica y de los presupuestos del Estado para 2017.


La autorización de la Consejería de Presidencia es preceptiva porque el Ayuntamiento incumplía al terminar 2015 una de las condiciones impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria: ajustarse a la regla de gasto, un mecanismo que fija el incremento máximo del gasto. Sí respetaba otros requisitos, como liquidar 2015 con ahorro neto, una deuda por debajo del tope establecido –el 95% respecto a los ingresos corrientes, frente al máximo fijado en 110%– y pagar a los proveedores en 30 días.


La deuda bancaria se situaba al terminar 2015 en 23,9 millones de euros, pero el pasado septiembre había bajado a 19,5 y al terminar 2017 se situará en el 69,7% de los ingresos corrientes, si se cumple por completo el plan de saneamiento 2016-2017.


El Ayuntamiento ha aplicado desde 2010 una férrea política de ajuste presupuestario que ha permitido pasar de una deuda del 200% al 87%. Entre las medidas más traumáticas figuró el despido de 14 trabajadores, la mitad de ellos en Urbanismo, en 2012.

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