La Fiscalía Provincial pide que se abra juicio contra el alcalde de Calanda y su antecesor
Acusa a Ibáñez y a Royo de tráfico de influencias y prevaricación. Ambos están investigados por las obras del polígono.
La Fiscalía Provincial de Teruel ha solicitado al Juzgado de Instrucción de Alcañiz que dicte auto de procedimiento abreviado y abra juicio oral contra el alcalde de Calanda, el socialista José Ramón Ibáñez; su antecesor en el cargo, el también socialista Manuel Royo; y cuatro personas más.
Todos ellos han sido investigados en los últimos meses por el Juzgado alcañizano en relación al proceso de adjudicación de la última fase de la urbanización del polígono industrial de Calanda La Fuensalada, tras la demanda presentada por una empresa a la que le fue rescindido el contrato para dirigir las obras correspondientes.
El Ministerio Público sostiene que, una vez que han finalizado las diligencias previas de investigación, existen indicios de que el actual regidor de la localidad bajoaragonesa y su predecesor pudieron cometer los delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias durante el ejercicio de su cargo. Así lo explicó ayer el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel, Jesús Gargallo, quien afirmó haber apreciado signos de que los investigados habrían adoptado "resoluciones injustas".
Por ello, en lugar de solicitar el sobreseimiento provisional de la causa, la Fiscalía de Teruel pide al Juzgado de Instrucción de Alcañiz que continúe con el proceso abierto a José Ramón Ibáñez, Manuel Royo y otras cuatro personas cuya identidad no precisó el máximo responsable de la Fiscalía Provincial."No cometí ningún delito"
El alcalde de Calanda se mostró ayer muy sorprendido por la decisión de la Fiscalía turolense y reiteró, al igual que hiciera tras su declaración como investigado ante el juez de Alcañiz en noviembre del año pasado, su "total" inocencia. "Tengo claro que no cometí ningún delito manifestó y lo repetiré donde haga falta". Dijo sentirse "tranquilo", porque "la última palabra la tiene el juez y este tendrá que ser el que decida". "Hasta entonces continuó no hay nada".
Por su parte, el abogado que defiende a Manuel Royo, Félix Gil, declinó hacer cualquier tipo de declaración hasta tener en sus manos y poder analizar la documentación correspondiente a la medida acordada por la Fiscalía Provincial de Teruel, la única parte acusadora que por el momento hay en el caso.
Los investigados aún pueden oponerse mediante un recurso a la petición de auto de procedimiento abreviado y apertura de juicio oral, sobre la que tiene que resolver el juez. Si estos recursos fueran desestimados, el magistrado fijará un plazo para que las distintas partes en el proceso redacten sus escritos de calificación.
La investigación judicial abierta al alcalde de Calanda, José Ramón Ibáñez, desató una tormenta política a finales de 2015 en el Gobierno aragonés, cuando el socio parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Podemos, presionó para que el regidor dimitiera de sus funciones en base al acuerdo entre ambas formaciones que facilitó la investidura de Javier Lambán.
