Un juez investiga por presuntas irregularidades urbanísticas en Pomecia a tres exalcaldes

El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Teruel ha llamado a declarar en calidad de investigados por los presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y urbanismo y por una supuesta malversación de caudales públicos a Manuel Blasco, Miguel Ferrer y Lucía Gómez. Los tres exalcaldes de la capital turolense están citados por el juez para el próximo 25 de agosto y serán preguntados por su gestión en relación al suelo donde se asienta el barrio de Pomecia, un área de edificación ilegal en la que se concentra la mayor parte de la población gitana de la ciudad.

Cuatro días más tarde, el 29 de agosto, está previsto que comparezcan por esta misma causa el que fuera concejal de Urbanismo en la anterior legislatura, Jesús Fuertes, y dos altos funcionarios del Ayuntamiento vinculados a la ya disuelta Gerencia de Urbanismo, Antonio Marín y Jesús Ángel Conesa.

El origen de este proceso judicial es la denuncia presentada el pasado 22 de marzo ante el Fiscal General del Estado por la dueña de la mayor parte de los terrenos del barrio de Pomecia, Isabel Gorbe, quien acusa a los responsables municipales de Teruel desde 2007 hasta la actualidad de haber cometido irregularidades urbanísticas en esa parte de la ciudad. Entre otros asuntos, la denunciante sostiene que el Ayuntamiento usurpó 4.621 metros cuadrados de su propiedad en 2008 para mejorar las infraestructuras de Pomecia, pagando estas actuaciones con dinero público y "ayudando" de este modo a la construcción de viviendas ilegales. Gorbe, que ayer declinó hacer declaraciones sobre la citación judicial de los tres exalcaldes, afirma, además, que el Consistorio no impuso sanciones coercitivas que atajaran la proliferación de construcciones surgidas fuera de la ordenación urbana.

El caso pasó el 11 de abril a la Fiscalía de Teruel que, tras apreciar indicios de prevaricación y malversación, turnó el asunto al Juzgado de Instrucción número uno. El juez de esta sala, en un auto que lleva fecha del pasado 21 de julio, señala que los hechos estudiados presentan características "que hacen presumir la posible existencia" de los delitos antes mencionados y por ello decide incoar diligencias previas, a fin de practicar aquellas pruebas esenciales que permitan "determinar la naturaleza y circunstancias de tales hechos y las personas que en ellos han intervenido", así como el procedimiento que podría aplicarse.

"Mi actuación fue correcta"

Manuel Blasco, que fue alcalde de Teruel por el Partido Popular en dos etapas, de 1999 a 2003 y de 2010 hasta mediados de este año, dijo ayer que acudirá a declarar ante el juez el 25 de agosto, pero se negó a realizar comentario alguno sobre los hechos que se investigan para "evitar" interpretaciones erróneas. Sí afirmó estar convencido de que su actuación "fue correcta". El cargo actual de Blasco como diputado en el Congreso y la condición de aforado que de él se deriva podría llevar al Juzgado turolense a inhibirse en favor del Tribunal Supremo.

A Miguel Ferrer, alcalde de Teruel por el Partido Aragonés desde 2007 hasta 2010, la noticia de su citación judicial le pilló ayer por sorpresa. Tampoco quiso hacer declaraciones sobre el asunto y se limitó a afirmar que contestará en su momento "a todo lo que pregunte el juez". Dijo, no obstante, no tener conciencia de haber cometido irregularidad alguna. En el mismo sentido, la socialista Lucía Gómez, alcaldesa de Teruel de 2003 a 2007, rechazó dar su versión de lo ocurrido y tan solo manifestó que hará declaraciones "allí donde tenga que hacerlas".

Los problemas por las construcciones ilegales en Pomecia son ya antiguos. En 2012, el Ayuntamiento ordenó demoler 29 viviendas que no tenían licencia, lo que originó una manifestación de protesta de los vecinos. Un Juzgado requirió al Consistorio para que cumpliera su propia orden, si bien el Ayuntamiento está a la espera de que instancias judiciales superiores resuelvan sobre el recurso presentado.