Los pueblos de la comarca del Jiloca han puesto en marcha una serie de medidas de presión contra la desaparición, de lunes a jueves, desde ayer mismo, del primer autobús de línea regular de la mañana que comunica Teruel con Zaragoza recogiendo viajeros a lo largo del trayecto.

Los alcaldes han enviado cartas de protesta a la empresa concesionaria del servicio, Autobuses Jiménez, y han solicitado por escrito al Gobierno aragonés y al Ministerio de Fomento –titular de la línea– que tomen cartas en el asunto e impidan que el recorte siga adelante.

El presidente de la Comarca, José Antonio Ramo, mostró ayer su confianza en que la DGA "coja las riendas de este problema y dé solución". En caso contrario, el responsable de la institución supramunicipal tiene previsto consultar a los 40 alcaldes del territorio sobre la posibilidad de organizar una protesta popular. "No nos importa ir a manifestarnos todos los vecinos a Zaragoza si es necesario", advirtió Ramo.

El autobús suprimido, que se ha llevado consigo la hijuela que acercaba hasta Calamocha a los vecinos de Tornos, Bello, Torralba de los Sisones y Odón, quienes se han quedado sin ningún transporte público, era el más útil para la población, al llegar temprano a Zaragoza y conceder tiempo para realizar gestiones sanitarias, comerciales o de ocio.

"Es un recorte injusto y sin sentido, porque en verano se multiplica la población del Jiloca", denunció Ramo. Por su parte, el alcalde de Torralba de los Sisones, Asterio Abad, destacó que los vecinos están "muy enfadados" y dijo a la empresa "que en los negocios hay que estar a las duras y a las maduras". "En agricultura, si siempre supiéramos que iba a haber una buena cosecha –continuó Abad–, plantaríamos mucho".

El alcalde de Monreal del Campo, Carlos Redón, denunció que la supresión del autobús de línea "deja a un montón de personas mayores desamparadas y, si se van los ancianos de los pueblos, el medio rural morirá".

El gerente de la empresa de transporte, Juan Francisco Jiménez, afirmó que suprime los autobuses "porque no va nadie". La concesión está caducada desde 2009 y los sucesivos procesos de licitación han resultado fallidos. La prestación del servicio en precario impide a la Administración intervenir en favor del mantenimiento del bus.