El Tribunal Supremo ha ratificado el archivo de la investigación -la antigua figura de imputación- al delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, el socialista Antonio Arrufat, en relación al llamado caso del Jamón, en el que se intenta averiguar si hubo irregularidades en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel de 2009 a 2013.

El Supremo desestima un recurso de queja del expresidente del CRDO Eugenio García Belenguer -quien en 2014 denunció supuestas ilegalidades en la institución- por la negativa de la Audiencia Provincial de Teruel a preparar un recurso de casación contra el sobreseimiento parcial de la causa respecto de Arrufat, un diputado y un técnico de la Diputación Provincial de Teruel. El Alto Tribunal señala, al igual que dijera la Audiencia turolense, que a García Belenguer no se le ha reconocido legitimación para ejercitar la acción penal como acusación particular y por lo tanto no puede recurrir.

En su auto, el Tribunal Supremo destaca que la Audiencia Provincial “actuó con toda corrección al denegar la preparación del recurso de casación” y que, en consecuencia, “el recurso de queja no puede ser atendido”. Los jueces imponen el pago de las costas a García Belenguer.

En noviembre de 2015, Arrufat dimitió como delegado territorial de la DGA al mantener su imputación el juez instructor del caso del Jamón, que puso en tela de juicio las subvenciones concedidas al CRDO desde la Diputación Provincial de Teruel bajo la presidencia de Arrufat, de 2007 a 2011. El socialista regresó a su cargo cuatro meses después, cuando la Audiencia decretó el archivo de la causa en la parte correspondiente a la concesión de subvenciones por la DPT al Jamón.

Otras 16 personas continúan investigadas por el caso del Jamón. Se trata de la expresidenta del CRDO Pilar Martín, el exvicepresidente Clemente Garcés y el exgerente Fernando Guillén, así como una administrativa y todos los vocales de la institución en el periodo analizado. El juez instructor estima que hay indicios de que estas personas pudieron cometer un delito de apropiación indebida, un delito societario de negación de documentos y otro contra la Hacienda Pública y por tanto ha abierto procedimiento abreviado contra ellos.