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Teruel
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Blasco dice que suspendió el derribo de Pomecia por no dañar a 29 familias

Declara como testigo ante el fiscal tras ser denunciado por prevaricación, junto a otros dos exalcaldes, un edil y un técnico, por la dueña de terrenos del barrio.

Blasco, a su salida de los juzgados, donde declaró ante el fiscal por espacio de dos horas.
Blasco, a su salida de los juzgados, donde declaró ante el fiscal por espacio de dos horas.
Jorge Escudero

El exalcalde de Teruel Manuel Blasco acudió ayer a declarar ante la Fiscalía Provincial en relación a la denuncia por prevaricación municipal que ha presentado la propietaria de gran parte del suelo donde se asienta el barrio de Pomecia. En esta área, en la que se concentra la mayor parte de la población gitana de la ciudad, se ha venido edificando de manera ilegal en las últimas décadas.

La dueña de los terrenos, Isabel Gorbe, acusa al Ayuntamiento de haber contribuido a la ocupación irregular del suelo y concreta su denuncia en los responsables municipales desde 2007 hasta la actualidad, lo que incluye a los exalcaldes Lucía Gómez, Miguel Ferrer y Manuel Blasco. A ellos añade el entonces concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes –ya ha declarado en la Fiscalía–, y el técnico responsable de la Gerencia de Urbanismo.

Según explicó Blasco, el interrogatorio del fiscal se centró en averiguar por qué el Ayuntamiento suspendió en 2011 la orden de derribo de 29 viviendas ilegales de Pomecia –el 50% del total– que había dictado la propia Gerencia Municipal de Urbanismo. El exalcalde justificó esta decisión en el hecho de que el mandamiento de demolición se encontraba recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) –todavía no ha sido resuelto– y en que la infracción podría haber prescrito en el caso de algunas casas que fueron levantadas hace 40 o 50 años.

Blasco afirmó que, en tales circunstancias, "no parecía razonable causar un perjuicio irreparable a 29 familias, que hubieran quedado sin una solución alternativa a su vivienda". "Antes de meter las máquinas y demoler –continuó–, había que actuar con mucha prudencia". "Hay un problema social", agregó el exalcalde.

Expectativas urbanísticas

Manuel Blasco, que acudió a la Fiscalía solo en calidad de testigo, situó el inicio del problema de Pomecia "hace 50 o 60 años", cuando, según relató, una parte de los terrenos en litigio fueron cedidos por la familia de Isabel Gorbe a Cáritas y a la población gitana, que se fue asentando. Aclaró que en sus orígenes el barrio estaba en el extrarradio de Teruel, pero ahora está junto a la Vía Perimetral y tiene, por tanto, "expectativas urbanísticas para el futuro".

El excalde destacó que, de acuerdo a un informe del arquitecto contratado por los vecinos afectados, de las 29 viviendas ahora cuestionadas, 20 tienen más de 20 años de antigüedad y nueve son más recientes, lo que complicaba la orden de demolición.

En su defensa, alegó también que intentó solucionar el problema de Pomecia con medidas urbanísticas que dieran respuesta a todos los intereses que confluyen en el barrio, los de la propietaria de los terrenos y los de los vecinos. Así lo demostraría el hecho de que Blasco encargó a finales de 2013 una modificación urbanística para ampliar la delimitación de la zona. "El Ayuntamiento tiene que conseguir suelo donde poder dar a Isabel Gorbe los derechos edificatorios, que es lo que ella busca", dijo.

Manuel Blasco negó cualquier tipo de animadversión hacia la propietaria de suelo y subrayó que si se hicieron obras de saneamiento y limpieza en el barrio fue por "humanidad". "Asfaltar una calle en la que viven 100 o 200 familias de forma provisional no es delito. Mientras se resuelve la situación, no podemos tener a esa gente sin agua y con la calle llena de barro", dijo. El exalcalde negó que en su actuación haya habido dolo. "Bajo ningún concepto", remachó. Y afirmó que el Ayuntamiento tendrá que acatar lo que resuelva el TSJA, si bien, a su juicio, la mejor solución será la urbanística.

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