La Fiscalía investiga una denuncia por prevaricación municipal en Pomecia

La Fiscalía de Teruel investiga una denuncia contra el Ayuntamiento de la capital presentada por la propietaria de gran parte del suelo donde se asienta el barrio de Pomecia, un área de edificación ilegal donde se concentra la mayor parte de la población gitana de la ciudad. La denunciante acusa al Consistorio de haber sido cómplice y colaborador en el proceso de ocupación irregular de los terrenos. Las diligencias han arrancado con la toma de declaración a un alto funcionario del área de Urbanismo y al primer teniente de alcalde, Jesús Fuertes, en su calidad de concejal de este departamento durante la pasada Corporación.

El Ministerio Público abre diligencias de investigación mientras sigue pendiente un recurso contra la orden de demolición que pesa sobre 29 viviendas de Pomecia levantadas sobre terrenos no edificables, lo que supone en torno al 50% del total. La amenaza de derribos disparó la alarma social en Pomecia, cuyos vecinos protagonizaron en 2012 varias manifestaciones para reclamar una solución que no pasara por demoler casas. Según un reciente informe municipal, solo 12 de las 60 viviendas del barrio son legales. Las ilegalidades incluyen ocupar suelos sin consentimiento de los dueños y edificar en espacios reservados a zonas verdes o calles.

La denunciante, Isabel Gorbe, afirmó que lleva "28 años" defendiendo sus derechos frente a la actuación "irregular" del Ayuntamiento en sus terrenos. Explicó que, ante la falta de resultados en los trámites que ha llevado a cabo por la vía administrativa y con recursos contencioso-administrativos, no le ha quedado "otro remedio" que abrir la vía penal contra los gestores del urbanismo municipal, tanto en el plano técnico como en el político.

El pasado 22 de marzo, Gorbe presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por "una serie muy amplia de hechos" protagonizados por el Ayuntamiento y que pueden constituir delitos de prevaricación y malversación. El caso pasó el 11 de abril a la Fiscalía de Teruel, que ha iniciado las diligencias. La denuncia va dirigida contra los responsables municipales desde 2007 hasta el presente, lo que afectaría a las alcaldías de Lucía Gómez, Miguel Ferrer y Manuel Blasco.

Gorbe acusó al Ayuntamiento de haber ignorado, reiteradamente, sus denuncias contra la edificación ilegal en Pomecia, lo que ha contribuido a agravar el problema. "Donde, en 2007, denuncié que se levantaban pilares, ahora hay una vivienda habitada", señaló como ejemplo de las consecuencias de la indolencia municipal. La propietaria también acusó al Ayuntamiento de "usurpar" 4.621 metros cuadrados de su propiedad en 2008 para mejorar las infraestructuras de Pomecia, agravando así "el problema social" de la edificación ilegal.

La alcaldesa, Emma Buj, sin entrar en el fondo del asunto, reconoció que el conflicto urbanístico y social de Pomecia "es el problema más difícil de resolver que tiene el Ayuntamiento sobre la mesa". Buj añadió que desde el Consistorio se ha encargado un estudio para "ordenar" urbanísticamente el barrio gitano, como un primer paso para afrontar su enrevesada situación legal.

Además, el Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio de Hacienda un programa de Desarrollo Urbano Sostenible dotado con 10 millones de euros a ejecutar hasta 2023 que dedica una atención especial a la revitalización de Pomecia, un apartado presupuestado con 1,2 millones. La alcaldesa aclaró que se trata de una mera solicitud que puede ser admitida total o parcialmente o rechazada y que su destino no serían actuaciones urbanísticas sino de carácter social.