La Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel ha abierto diligencias informativas para averiguar qué explotaciones de arcillas han quedado abandonadas en la provincia sin haber sido restauradas por sus respectivas empresas concesionarias. El Ministerio Público considera que estas canteras "destrozan" el paisaje en el que se encuentran, suponen un "riesgo" para la seguridad de las personas que viven en el entorno e "hipotecan" el desarrollo de los municipios, al impedir el florecimiento de otros sectores económicos.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado y a través de agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la Fiscalía de Teruel quiere recabar datos y realizar un diagnóstico de la situación, en el que se ponga de manifiesto cuáles son las zonas más afectadas medioambientalmente por las minas de arcillas a cielo abierto en la provincia turolense.

El paso siguiente, según explicó ayer el fiscal delegado de Medio Ambiente en Teruel, Jorge Moradell, será determinar la responsabilidad de cada una de las empresas, en el sentido de conocer si han cometido, o no, alguna infracción administrativa o penal. "Según los datos que arroje el informe, veremos si caben actuaciones contra las empresas de arcillas que no han adoptado las medidas necesarias para minimizar el impacto ambiental de las canteras", manifestó Moradell.

Apenas un 14%

La Fiscalía turolense abre diligencias informativas tras conocer las conclusiones de un estudio desarrollado por la Universidad de Zaragoza en el que se indica que solo el 14% del terreno más afectado por las minas de arcillas se encuentra restaurado. El dato fue expuesto el pasado mes de enero en unas jornadas sobre explotaciones a cielo abierto celebradas en la capital aragonesa en las que, además de los autores del trabajo, participaron miembros de los colectivos Geoforo por la cultura de la tierra y Sollavientos. Es por eso que el fiscal contactará también con todos ellos para que aporten información a la investigación.

El estudio de la Universidad alerta de los problemas medioambientales y paisajísticos que producen estas explotaciones una vez que cesa su actividad. Otra de las cuestiones que se expuso en las jornadas es el escaso número de empleos que generan este tipo de minas. Moradell encuentra cierto paralelismo entre la explotación de yacimientos de arcillas "y la economía colonial, pues el impacto ambiental es enorme, pero los puestos de trabajo, muy pocos".

El Fiscal delegado de Medio Ambiente explicó que la normativa que obliga a las empresas mineras a depositar una fianza que garantice el desarrollo de un plan de restauración una vez suspendidas las labores de extracción data de mediados de los años 80. Aclaró que la no recuperación de la fianza no exime a las empresas de su deber de corregir el impacto ambiental producido por la actividad.

"Queremos conocer el verdadero alcance de la falta de restauración de aquellas minas que quedan abandonadas", declaró Jorge Moradell, para quien el daño a la naturaleza que se produce en estos casos, "es importante".