El Servicio Aragonés de Salud debe pagar una indemnización de más de 81.600 euros a tres de las cuatro empresas que optaron a la construcción del nuevo hospital de Alcañiz bajo la fórmula de concesión de obra pública. Las constructoras presentaron una alegación para solicitar una indemnización económica equivalente a los gastos que les supuso presentarse al concurso.

Concretamente, el Salud debe compensar con 46.500 euros a Ferroser, 32.300 euros a la UTE Ohl& Iridium y 2.685 euros a la UTE Sacyr &Mln. Por su parte, no han sido aceptadas las alegaciones de Inabensa-Assignia-Meridiam al entregar la documentación fuera de plazo. Además, OHL & Iridium también se querelló contra la renuncia del Salud al contrato, que inició el anterior Ejecutivo autonómico del PP-PAR y que anuló el actual alegando que el nuevo hospital no iba a ser "100% público". Ahora, las constructoras tienen un plazo de 15 días para interponer un recurso especial por vía administrativa o dos meses para llevar el caso al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

Al respecto, el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso (PP), opina que más allá de que el Salud deba pagar 81.000 euros, lo más "triste" para los vecinos de Alcañiz y todo el Bajo Aragón Histórico es que de haber continuado con el anterior contrato, el hospital "ya llevaría tres meses en obras y el Ayuntamiento habría cobrado casi 2,5 millones de euros de la licencia de obras". Al no recibir la millonaria partida, el equipo de gobierno tuvo que realizar un reajuste en los presupuestos de 2015 y paralizar inversiones. "Ahora, lo único cierto es que seguimos sin un centro sanitario nuevo. Primero nos dijeron una fecha, después otra… poco a poco lo van retrasando", lamenta el primer edil alcañizano.

El anterior Ejecutivo autonómico puso en marcha un proceso de licitación mediante la fórmula de concesión de obra pública (público-privada). Es decir, que una empresa se encargara de la construcción del edificio y gestionara durante 18 años los servicios no asistenciales por un total de 451 millones de euros.

La DGA llegó a anunciar cuál era la empresa que obtuvo mejor puntuación según la mesa de contratación, la UTE OHL&Iridium. Sin embargo, unos días después de las elecciones autonómicas, el Gobierno de Aragón en funciones anunció que los plazos administrativos no le permitían firmar la adjudicación de la construcción y gestión del centro sanitario antes de que entrara el nuevo ejecutivo, que ya había anunciado que se posicionaría en contra desde el inicio del proceso, con especial hincapié en la campaña electoral.

Por otra parte, ayer se publicó oficialmente la renuncia del Salud al procedimiento de concesión de obra pública para la construcción del nuevo hospital bajoaragonés. El pasado mes de septiembre, el Salud recibió la autorización por parte del Consejo de Gobierno de renunciar formalmente al contrato de construcción de acuerdo a un modelo de gestión que, según el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, "no se ajustaba a las condiciones económicas del Ejecutivo autonómico".

En ese momento, se procedió a la paralización del procedimiento anterior y, ayer, una vez hechas públicas las indemnizaciones económicas que deberán ser abonadas a las empresas, la DGA publicó la renuncia definitiva. Una vez se hagan efectivos los pagos, el proceso de construcción del hospital impulsado por el anterior Ejecutivo se dará por concluido.

Desde entonces se han anunciado, no obstante, diferentes fechas que han ido retrasando el procedimiento. Se prevé que en el primer semestre de este año se licite la obra, una vez se modifique el proyecto; y en el último trimestre comiencen los trabajos, que se prolongarán durante tres años.