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Las Cuencas Mineras pierden la cuarta parte de la población desde el cierre de MFU hace 25 años

En 1991 desaparecieron de golpe 450 empleos y se esfumó el principal sustento de la comarca. Las empresas alternativas cerraron por su nula solvencia, salvo Casting Ros, que tira de la zona.

De mina a museo. El Pozo Pilar, reconvertido en Centro de Interpretación de la Minería, recibe anualmente 23.000 visitantes. Su gerente, Juan Cañizares -a la derecha en la foto-, destaca la importancia de conservar y mostrar la antigua explotación como pa
De mina a museo. El Pozo Pilar, reconvertido en Centro de Interpretación de la Minería, recibe anualmente 23.000 visitantes. Su gerente, Juan Cañizares -a la derecha en la foto-, destaca la importancia de conservar y mostrar la antigua explotación como pa
A. García/bykofoto

"Fue el inicio de un proceso de muerte lenta para toda la comarca". El presidente de las Cuencas Mineras, José María Merino, hace un balance muy negativo de los 25 años transcurridos desde el cierre del Pozo Pilar de Minas y Ferrocarriles de Utrillas (MFU) en Escucha, un acontecimiento que provocó la pérdida de 450 empleos directos de una sola tacada, entre ellos el del propio Merino. La comarca ha perdido casi un cuarto de su población –el 22,5%– desde 1991, frente 3,5% del conjunto provincial. El resto de las explotaciones carboníferas de la cuenca minera central cerraron una tras otra en la estela de su buque insignia, MFU, y las empresas alternativas no llegaron o, si llegaron, desaparecieron poco tiempo después desperdiciando cuantiosas ayudas públicas.

El Pozo Pilar llegó a contar con 1.600 empleados. En 1991, cuando los sindicatos, la empresa y la Administración llegaron al acuerdo de cierre ante las nulas expectativas de futuro, solo quedaban en el tajo un tercio de los trabajadores de su época dorada. Una asamblea de mineros aprobó el cierre el 18 de abril de 1991 y el 1 de mayo cesaba la actividad extractiva. Aunque hubo prejubilaciones, mineros que montaron sus propios negocios o que se recolocaron en minas de la comarca de Andorra, quedaban por recolocar 250 compañeros en paro.

Rosendo López era el presidente del comité de empresa de MFU en 1991. Recuerda la dureza de aquellos momentos pero considera que las empresas alternativas llegadas al calor de las ayudas –MFU pagaba 18.000 euros por cada exminero recolocado– presentaban, en apariencia, proyectos viables. "Si no hubiéramos acordado el plan de reconversión, no se hubiera instalado Casting Ros en Utrillas –con unos 300 empleos– y la comarca estaría muerta", señala. Aclara que entre los promotores hubo "piratas" ‘cazasubvenciones’, pero la mayoría de los industriales que se instalaron terminaron arrastrados a la ruina por su nula solvencia económica y, tras su paso por la cuenca minera, algunos se ganaron la vida como camioneros o chatarreros.

José María Merino tuvo que cambiar la galería subterránea de MFU por la planta de fundición de Casting Ros después de 21 años en la mina. Merino afirma que con la clausura del Pozo Pilar "se perdió un recurso endógeno y Cuencas Mineras pasó de ser una comarca privilegiada a un territorio que agoniza lentamente por el envejecimiento y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes".

Merino, jefe de talleres en MFU, considera que el proceso de cierre y recolocación de los mineros se llevó a cabo con demasiada precipitación. A su juicio, el Pozo Pilar estaba dotado de tecnología moderna y su yacimiento de carbón era suficientemente rico como para alargar la actividad "entre seis y ocho años", un lapso de tiempo que hubiera permitido, "paralelamente" al recorte de la plantilla, atraer a empresas alternativas sólidas y capaces de generar empleos sustitutivos. "Las fábricas no son setas que nacen espontáneamente en cualquier lugar. Debería haberse estudiado su viabilidad y su solvencia antes de haberlas aceptado como solución", añade Merino. Admite, no obstante, que es "muy fácil" hablar de lo que podía haberse hecho mejor "a toro pasado".

El alcalde de Utrillas –la cabecera comarcal–, Joaquín Moreno, considera que las inversiones públicas para revitalizar la zona "no se han usado bien". Se crearon infraestructuras industriales y viarias "pero no empresas alternativas", con la honrosa excepción de Casting Ros. Moreno reconoce, no obstante, que la situación de la capital de la comarca es mejor que la de los pueblos del entorno, que también dependían de MFU y "donde no se ha puesto en marcha ninguna actividad sustitutiva". Castel de Cabra –con un 47% menos de residentes– y Palomar de Arroyos –con el 43%– casi han perdido la mitad de sus vecinos en el último cuarto de siglo, y el censo de La Zoma ha caído un 65%.

Benito Morales, oficial electromecánico en MFU, reconoce que el cierre del Pozo Pilar fue "traumático" para toda la comarca, pero respondía a una directriz europea que no admitía dilaciones. Morales señala que con la búsqueda de alternativas laborales llegaron empresarios "a aprovecharse de las ayudas". En su opinión, no hubo negligencia sino "mucha necesidad de crear empleo, y se trajo lo que se pudo".

MFU, que se implicó en la búsqueda de salidas laborales para sus empleados, contrató un ‘brocker’ para reclutar empresarios dispuestos a poner en marcha proyectos subvencionados capaces de absorber el paro generado por el cierre de la mina. El paquete de iniciativas englobado en el denominado Plan Araval se derivó hacia el polígono de las Cuencas Mineras de Montalbán, donde se instaló una larga serie de industrias metalúrgicas –Idefire, Inalter, Caesmoan, Fundifor, Moltesa, Lecuan, Pecuan y Funza– de las que no queda rastro. Todas cerraron en pocos años dejando tras de sí un reguero de avales públicos ejecutados y deudas con numerosos proveedores locales. La comisión de investigación abierta en las Cortes en 1995 para analizar el proceso y la instrucción judicial en 1996 de un caso de presuntas comisiones ilegales a cambio de avales públicos se cerraron sin depurar responsabilidades.

El alcalde de Montalbán, Carlos Sánchez, recuerda aquellos años con indignación. "De las empresas de la reconversión solo queda Casting. El resto cerró tras llevarse el dinero de las subvenciones. Fue un desastre porque faltó control de la Administración", afirma.

Las naves siguen en pie y, en su mayoría, han sido reutilizadas por pequeños empresarios locales como talleres. Carlos Sánchez es, por ejemplo, titular de una industria acondicionada en la antigua Moltesa. Pero en otros casos el destino de las costosas fábricas alternativas ha sido el abandono. El edificio que ocupó Idefire ha sido desmantelado para extraer la chatarra y todo lo mínimamente aprovechable, incluidas tapas de alcantarilla, cables eléctricos y cualquier material metálico. "Ya no entra nadie a robar porque no queda nada que llevarse", concluye Sánchez.

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