Un tercio de los incendios de 2015 que investiga el Juzgado se originó por quema de rastrojos

Más de la tercera parte de los incendios forestales que están siendo investigados por los juzgados turolenses tuvieron su origen en la quema de rastrojos. Concretamente, tres de los ocho fuegos –el 37,50%– que han dado lugar a la apertura de diligencias judiciales en el último año fueron causados por dicha práctica agropecuaria, según informó ayer la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Teruel.

Los ocho incendios tuvieron lugar a lo largo de 2015. Todo indica que otros tres fuegos se debieron a causas naturales, mientras que en otro caso el origen está por determinar. Los juzgados investigan, por último, si las llamas que el pasado verano afectaron a un bosque de pinos en la Comarca de las Cuencas Mineras, y que se reavivaron al día siguiente sin motivo aparente, pudieron ser intencionadas.

El fiscal de Medio Ambiente, Jorge Moradell, alertó ayer de que la falta de lluvias y las suaves temperaturas que se registran, impropias de los meses invernales –época en la que está permitida la quema de rastrojos–, favorecen que el agricultor pierda el control de las llamas y estas se propaguen a la masa forestal más cercana.

Moradell advirtió también de que la realización de esta práctica debe contar con la correspondiente autorización administrativa así como llevarse a cabo solo cuando las condiciones climáticas lo aconsejen –sin viento–y siempre que se tenga a mano un medio de extinción. Añadió que no deben infravalorarse el peligro y la complejidad que ofrece el fuego y puso como ejemplo que en uno de los casos que se investigan fue una mujer de 80 años, en un municipio de la Sierra de Albarracín, quien puso en marcha la quema de rastrojos.Maltrato animal

La Fiscalía de Medio Ambiente destacó igualmente el aumento de casos de maltrato animal que llegan a los juzgados –un total de 15 en el último año–, si bien aclaró que este incremento se debe al mayor esfuerzo que vienen realizando las asociaciones protectoras para identificar posibles daños a los animales domésticos, así como a la mayor sensibilización social que existe acerca de este problema.

El abandono de mascotas –principalmente perros– es uno de los delitos más frecuentes, si bien en el año 2015 se abrieron diligencias tras haberse encontrado gatos con disparos de escopeta en más de un municipio, sin que hasta ahora se haya podido averiguar quiénes fueron los autores.

Los tendidos eléctricos siguen provocando la muerte de aves, ya sea por colisión o por electrocución –si los postes y cables en los que se posa la avifauna no están recubiertos de material aislante de la electricidad–. La Fiscalía Medioambiental aportó el dato de que solamente en una línea de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos se recogieron a lo largo de 2015 14 cadáveres de águilas culebreras, buhos reales y buitres, entre otras aves.

La Fiscalía investiga, además, tres casos de silvestrismo, uno de los cuales, ocurrido en la zona de Alcañiz, ya ha sido juzgado y condenado su autor. En todos ellos, los responsables utilizaron medios de caza no selectivos –varillas impregnadas de sustancias adhesivas o redes invisibles– para capturar pájaros que son muy beneficiosos ambientalmente por ser insectivoros y venderlos a clientes que aprecian el canto de estas aves.

Asimismo, los juzgados turolenses intentan averiguar si existe una trama organizada dedicada a atraer cazadores furtivos de alto poder adquisitivo a los montes de la provincia, concretamente a los de la zona del Maestrazgo. La cabra hispánica sería la especie más preciada por estos cazadores ilegales.Merenderos y líneas férreas

Otra de las tareas que desempeña la Fiscalía de Medio Ambiente es la supervisión de aquellos puntos que entrañan riesgo de incendio para las masas forestales. Este control se aplica a través de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Las áreas recreativas con merenderos, las líneas ferroviarias y los tendidos eléctricos están en el punto de mira de la Justicia. A lo largo de 2015, cuatro Ayuntamientos fueron apercibidos porque sus parques no reúnen las condiciones de seguridad necesarias.