La Guardia Civil se trasladará en breve desde el cuartel ruinoso de Utrillas a un local municipal
El Consistorio cede un edificio sin exigir, como pretendía, que el nuevo puesto se inicie en 2 años. El subdelegado del Gobierno dice que edificar un acuartelamiento es prioritario pero no pone fecha.
El traslado de las dependencias de la Guardia Civil de Utrillas desde el cuartel en estado ruinoso a unos locales municipales situados a pocos metros se llevará a cabo de inmediato. El Ayuntamiento se compromete a prestar un edificio para oficinas y cocheras sin exigir, como pretendía inicialmente, que las obras del nuevo acuartelamiento, ya proyectado, se inicien en los próximos dos años.
El subdelegado del Gobierno, José María Valero, y el teniente coronel de la Guardia Civil, José Soler, visitaron ayer el inmueble que cederá el Ayuntamiento y el actual acuartelamiento, que solo se utiliza en una pequeña parte debido a su grave deterioro estructural. Las zonas destinadas a viviendas de los agentes han sido ya desalojadas por seguridad.
Valero se comprometió al traslado "inmediato" de las dependencias policiales a la sede provisional en cuanto esta se adecúe convenientemente. El edificio, utilizado hasta el pasado noviembre por una empresa que cerró por problemas económicos, está lleno de papeles, con goteras y sin calefacción.
El alcalde, Joaquín Moreno, explicó que el Ayuntamiento flexibiliza su postura respecto al inicio del nuevo cuartel para mantener el servicio de la Guardia Civil en el pueblo y evitar que los vecinos tengan que desplazarse al puesto más cercano, en Montalbán, para hacer cualquier trámite.
Moreno recordó que el Ayuntamiento cumplió sus compromisos para facilitar la edificación de un nuevo puesto al redactar el proyecto de obras y aportar el suelo necesario con un coste total de 75.000 euros. Sin embargo, el Ministerio del Interior no ha dado ningún paso para levantar la nueva sede policial ni se compromete a dar una fecha para iniciarla.
José María Valero dijo que el nuevo cuartel de Utrillas es "prioritario" para la Guardia Civil dada su situación "estratégica" en el centro de la provincia. Señaló que, en cuanto exista disponibilidad presupuestaria, estará "en primera línea de salida". Explicó que la Dirección General de la Guardia Civil ha requerido el proyecto redactado por el Ayuntamiento y el resto de la documentación para ponerla al día a la espera de fondos para ejecutar las obras.
El subdelegado señaló que la construcción no ha arrancado "por culpa de la crisis", que ha frenado la inversión pública. José María Valero reiteró su "compromiso" con este proyecto, pero sin ponerle fecha. Aclaró también que la situación de interinidad en la que está el Gobierno a la espera de que se configure el Ejecutivo resultante de las elecciones generales bloquea la toma de decisiones respecto al nuevo equipamiento.
El alcalde se mostró dispuesto a agilizar el proceso político y administrativo para ceder los locales que utilizará temporalmente la Guardia Civil. La próxima semana, el Ayuntamiento celebrará un pleno urgente para aprobar la cesión. A juicio de Moreno, la entrega podría materializarse en el plazo de un mes para que las dependencias sean ocupadas a continuación por los agentes. El edificio, de propiedad municipal, tiene una superficie de unos 200 metros cuadrados en una planta baja, a los que hay que sumar los garajes anejos.
El subdelegado no contempla aumentar la dotación de Utrillas como reivindica el alcalde. La localidad cuenta actualmente con un teniente, un sargento, un cabo y once guardias, una plantilla "digna" según Valero.Desbloqueo del FITE
El subdelegado del Gobierno afirmó ayer que la convocatoria de la comisión mixta con la DGA para analizar la situación del Fondo de Inversiones está pendiente de que el Ejecutivo aragonés comunique cuáles son sus representantes tras el reciente relevo en el Gobierno y los puntos que quiere tratar en la reunión. Según José María Valero, cuando estas dos incógnitas estén resueltas, el Ministerio de Hacienda convocará la reunión "en 72 horas". Para Valero, la cita deberá servir para tomar medidas que eviten contratiempos como el ocurrido con la anualidad de 2014, con la anulación de 8,6 millones de euros de inversión por incumplimiento de plazos y por la negativa del Gobierno a prorrogarlos.
