El TC pide al juez el expediente del siniestro aéreo de Villastar
Familiares de las víctimas confían en que el trámite del Constitucional sea indicio de una resolución favorable a reabrir el caso.
El Tribunal Constitucional (TC) ha solicitado al Juzgado de Instrucción número dos de Teruel una copia de las actuaciones realizadas en relación al accidente aéreo ocurrido en Villastar el 19 de marzo de 2011, en el que seis brigadistas antiincendios murieron y otro resultó gravemente herido al estrellarse el helicóptero en el que viajaban cuando iban a apagar un fuego forestal.
Familiares de algunos de los fallecidos expresaron ayer su "confianza" en que el trámite iniciado por el Constitucional al que recurrieron en amparo el pasado mes de septiembre para intentar revocar el archivo de la investigación dictado por la Audiencia Provincial de Teruel sea un indicio de que el TC resolverá a su favor. Y recuerdan que este mismo tribunal ya unió a la causa las más de 12.000 firmas de ciudadanos pidiendo la reapertura del caso.
Marisol Salafranca, vecina de Alcañiz y madre de la víctima más joven José Ramón Milián, de 24 años, afirmó ayer que el Tribunal Constitucional "se está tomando interés". "Eso prosiguió nos hace mantener viva la esperanza de que todo el esfuerzo que estamos realizando los afectados para que la investigación llegue hasta el final no acabará en la basura".
Sagrario Valero, la abogada que representa a Salafranca y a la familia de otro de los fallecidos, calificó ayer de "buena señal" que el TC haya reclamado al Juzgado las actuaciones, una petición que el Constitucional ha hecho extensiva a la Audiencia Provincial de Teruel, quien acordó el sobreseimiento el pasado mes de mayo. "Nosotros decimos que hay unos hechos nuevos, como es un informe oficial que afirma que una pieza del helicóptero debió ser revisada previamente; por tanto, no cabe el archivo", explicó Valero.
Sin embargo, fuentes del Juzgado indicaron que la petición del TC "es un trámite reglado y no quiere decir nada". Las mismas fuentes afirmaron que este paso no apunta, a priori, a que el Constitucional vaya a admitir a trámite el recurso de los familiares.
Según Salafranca, el Ministerio de Justicia, al que los familiares también enviaron las 12.000 firmas contra el archivo, ha devuelto estas rúbricas explicando que el asunto no entra en sus competencias. Igualmente, la DGA recibió las firmas, pero esta institución no ha contestado, un silencio que Salafranca criticó.
