El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, que instruye el 'caso del jamón', entiende que una vez admitida la personación de la

acusación particular resulta oportuno y pertinente proceder a la continuación de las declaraciones de los investigados (antiguos imputados) que quedaron sin efecto después de que la Fiscalía retirara la acusación contra ellos. Dichas declaraciones son las referidas a Inocencio Martínez, Julia Vicente, y los restantes miembros asistentes a los Plenos de la Diputación Provincial de Teruel de 26 de febrero de 2010 y 25 de febrero de 2011.

No obstante, y en lo que a las declaraciones de los investigados respecta,

explica claramente el magistrado que “el comienzo de las mismas tendrá

lugar en el momento que el Auto de fecha 25 de noviembre de 2015, por el

que se acordada no haber lugar al sobreseimiento provisional y archivo del

presente procedimiento respecto de las personas de Rogelio Pablo

Castaño Marqués, Antonio Ernesto Arrufat Gascón y Francisco Abril

Galve, devenga firme”. Es decir, una vez que transcurrido el plazo

legalmente previsto, no se haya presentado ningún recurso o, si hubiere

presentado, la Audiencia Provincial de Teruel se haya pronunciado sobre el

mismo confirmado la decisión del instructor.

Argumenta el juez esta decisión en el hecho de que, actuar de otra manera

podría ocasionar un perjuicio, o menoscabo profesional innecesario, a

dichos diputados provinciales.

Respecto a María del Carmen Isabel Pobo Sánchez, acuerda el magistrado

que no será investigada ni se le va a tomar declaración como tal, porque entiende que su proceder fue correcto y dentro del marco legal. Decisión

que adopta pese a la solicitud realizada por la acusación particular de que

fuera investigada.

Respecto a Antonio Ernesto Arrufat y Francisco Abril, puntualiza el

instructor que no fueron investigados por ser los ordenantes de los pagos sino por formar parte de los Plenos reseñados en la causa como objeto de investigación judicial y por su condición en ellos de presidente -el primero- y diputado - el segundo-.

Por lo que a las declaraciones de los restantes investigados se refiere: Ana

Aznar Ballesta, Francisco Querol Fernández, Rafael Sánchez y Antonio

Gasión Aguilar, del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el magistrado

decide proceder de la misma manera que con los diputados provinciales de

la DPT por los mismos motivos y por análogos términos al entender que “el

proceder del IAF dista poco del manifestado por la DPT”.