El juez que estudia si hubo irregularidades económicas en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel de 2009 a 2013 ha ratificado este miércoles la investigación (antigua imputación) del socialista Antonio Arrufat, presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) de 2007 a 2011 y hasta el pasado día 10 delegado territorial de la DGA en Teruel, cargo del que dimitió tras haber declarado ante el juez el día anterior. Junto a él, seguirán investigados el exdiputado provincial aragonesista Francisco Abril y el jefe de los Servicios Agropecuarios de la DPT, Rogelio Castaño.

En un auto, el magistrado instructor del caso del Jamón, Jerónimo Cano de Lasala, señala que “no ha lugar” al sobreseimiento provisional del procedimiento respecto de los tres investigados. La decisión es contraria a la solicitud que formuló la semana pasada la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel, la cual en un informe pedía el archivo de las actuaciones en cuanto a Arrufat, Abril y Castaño, por entender que su conducta no revestía indicios de delito.

Sin embargo, Cano de Lasala explica en su escrito, de más de 20 páginas de extensión, que los miembros del pleno de la DPT que votaron a favor de conceder tres ayudas por valor de 68.000 euros al Consejo del Jamón que contaban con reparos por parte del interventor podrían haber incurrido en una presunta prevaricación dolosa. Señala, además, que ve “indicios razonables y fundados” de una posible indebida concesión de subvenciones por parte, tanto de la Diputación de Teruel como del Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

El juez dice apoyarse en los informes periciales, declaraciones de los interventores de la DPT y en el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, en el que se pone de relieve que la institución provincial turolense carecía de un Plan Estratégico de Subvenciones y, hasta 2014, de una ordenanza de ayudas, lo que podría restar transparencia y equidad al reparto de dinero a distintas entidades.

En uno de los informes periciales, concluye el perito que las subvenciones por valor de 68.000 euros no estuvieron bien justificadas porque los documentos justificativos, como las memorias de actuación, estaban incorrectos. El juez indica también que la DPT no aportó al Juzgado copia de las facturas justificativas del gasto ni de los documentos de pago del CRDO Jamón de Teruel que, según el jefe de Servicio, quedaron archivados en el expediente.

Se señala también en el auto judicial que la forma de actuar del pleno de la DPT “no es un hecho aislado o excepcional, dado que en el año 2011 los reparos levantados por Presidencia y el Pleno ascendieron a 105”.

Cano de Lasala concluye en su auto que “conviene recordar que el dinero público es sagrado, proviene de la ciudadanía, de su esfuerzo, de su trabajo diario y sacrificio, por ello debe gestionarse con rigor, rectitud, de forma ecuánime, ejemplar y ejemplarizante”. “Por ello -continúa- conceder subvenciones sin soporte documental justificativo alguno, prescindiendo de forma grosera de las normas procedimentales legalmente establecidas y careciendo de competencia para ello, excede de ser un ilícito administrativo para devenir en los ilícitos penales plasmados en esta resolución”.