Tres empresas piden indemnizaciones por la fallida licitación del hospital de Alcañiz
Una de las compañías que optaban a la construcción del centro sanitario alega contra la anulación del proceso de contratación por un sistema mixto público-privado.
Tres de las cuatro empresas que optaron a la construcción del nuevo hospital de Alcañiz bajo la fórmula de concesión de obra pública han presentado alegaciones para solicitar una indemnización económica equivalente a los gastos que les ha supuesto presentarse al concurso fallido. La mesa de contratación adjudicó el proyecto pero no se llegó a firmar el contrato porque el proceso culminó cuando el anterior Ejecutivo ya se encontraba en funciones. Una de las empresas también ha alegado contra la paralización del procedimiento, que inició el anterior Gobierno autonómico PP-PAR y que anuló la actual DGA alegando que el nuevo hospital no iba a ser "100% público".
El Departamento de Sanidad no quiso especificar el nombre de las empresas que han alegado ni la cantidad que solicitan. Precisamente, la diputada alcañizana del PAR Berta Zapater registró ayer una pregunta para conocer la cuantía de las indemnizaciones. La DGA tampoco especificó la suma de dinero reclamada en su respuesta a una interpelación de otra diputada alcañizana, Marta Prades, de Podemos, en la que informaba de las alegaciones.
Las sociedades que se presentaron al proceso de licitación fueron Ferrovial y tres uniones temporales de empresas: Mariano López y Sacyr; OHL e Iridium; y el consorcio formado por Inabensa, Assignia y Meridian. El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, se reunió con la ganadora del proceso, la UTE OHL e Iridium en el Pignatelli para notificar la anulación del procedimiento.
El Ejecutivo PP-PAR puso en marcha un proceso de licitación mediante la fórmula público-privada. Es decir, que una empresa se encargara de la construcción del edificio y gestionara durante 18 años los servicios no asistenciales por un total de 451 millones de euros. La mesa de contratación llegó a adjudicar el contrato a OHL e Iridium. Sin embargo, unos días después de las elecciones, el Gobierno de Aragón en funciones anunció que los plazos administrativos no le permitían firmar la adjudicación de la construcción y gestión del centro sanitario antes de que entrara el nuevo Ejecutivo del PSOE, partido que se pronunció en contra del proceso desde el inicio, y con especial hincapié en la campaña electoral.
A mediados de septiembre, la DGA autorizó al Servicio Aragonés de Salud a que renunciase al contrato fundamentándose "en razones de interés público-económico". Esgrimió, entre otros motivos, que se debían mantener en la Comunidad los parámetros de estabilidad presupuestaria requeridos por la ley y que en el expediente "se razona que es posible conseguir mejores precios en los servicios externalizados, prestando dichos servicios sin intermediarios y a través de la subrogación en los acuerdos marco que ya existen en la Administración aragonesa para la prestación de los mismos".
El consejero Sebastián Celaya afirmó en una reciente visita a Teruel que el hospital de Alcañiz se licitará antes de terminar 2015. El proyecto está siendo revisado para reducir su tamaño de acuerdo a un menor crecimiento poblacional que el previsto inicialmente.
"Por Ley, las empresas pueden reclamar una indemnización. El verdadero problema es que los bajoaragoneses seguimos sin hospital. Si Javier Lambán hubiera firmado el contrato que le dejaron preparado, ya habrían empezado las obras", opinó el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso.
