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Teruel

El Justicia insta un subsidio por "humanidad"

Propone pagar el IAI a una mujer de 69 años, aunque admite que la destinataria no cumple todos los requisitos.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, insta al Gobierno de Aragón en una reciente resolución a conceder a una mujer argentina de 69 años residente en Teruel, Marta Carabajal, el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), aunque admite que no cumple todos los requisitos para recibir esa ayuda.

Carabajal, que vive sola y no cuenta con ningún ingreso fijo, sobrevive con ayudas de los Servicios Sociales, Cruz Roja y Cáritas. Se encuentra, según argumenta el Justicia, en "una suerte de limbo legal" que le cierra el paso a todas las pensiones y subsidios posibles. Por un lado, ha superado la edad máxima para acceder al IAI, los 65 años, lo que derivaría su atención hacia una pensión no contributiva, pero también esta opción se le ciega porque no cumple la exigencia de diez años de residencia en España.

Marta Carabajal reconoció ayer que su situación económica es acuciante. "Estoy sin un euro", señaló. El Obispado le cede un piso gratuitamente, aunque tiene que costearse los gastos de calefacción y electricidad. Tras la resolución del Justicia, Carabajal se mostró esperanzada en que la DGA le conceda el IAI –con un año de duración– y adelantó que hoy mismo formalizará la solicitud en los Servicios Sociales municipales.

Carabajal, que trabajó como cuidadora de ancianos, ayudante de cocina y profesora de inglés, afirmó que no quiere "vivir de ayudas" porque su propósito es encontrar un trabajo. Admitió, no obstante, que con la elevada tasa de paro que ha generado la crisis lo tiene muy difícil para conseguir un empleo. También barajó la posibilidad de regresar a su país natal, pero carece de recursos para pagarse el billete.

El Justicia entiende en su sugerencia que, ante un caso de "extrema necesidad por razones de equidad y de humanidad", el Gobierno de Aragón podría, "con carácter excepcional", otorgar el IAI a Marta Carabajal. Reconoce, no obstante, que la situación de la mujer "no termina de acomodarse a ninguna de las normas" que regulan los subsidios públicos.

García Vicente considera que, frente a la exigencia normativa de un año de residencia ininterrumpida en territorio aragonés para acceder al IAI, la DGA debería tener en cuenta que la demandante vivió en Teruel desde 2003 a 2012, cuando se trasladó a Mallorca "por motivos laborales". Tras residir tres años en la ciudad balear, regresó en 2015 a Teruel "para quedarse". Concluye el Justicia que "existe" un arraigo probado de Carabajal en la capital turolense y este debería ser "un argumento para interpretar de modo flexible el requisito del año de empadronamiento".

El dictamen señala que hace unos años el propio Justicia tramitó una queja similar también en Teruel y, aunque la DGA denegó la concesión del IAI, el afectado –un anciano nacido en Cuba pero nacionalizado español– recurrió a los tribunales, que le dieron la razón y obligaron al Gobierno aragonés a pagar el subsidio.

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