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Teruel

​El Justicia insta a pagar un subsidio a una mujer en Teruel por su "extrema necesidad"

Solicita el Ingreso Aragonés de Inserción, aunque admite que no cumple todos los requisitos.

Marta Carabajal, en la puerta del piso que le cede gratuitamente el Obispado de Teruel.
Marta Carabajal, en la puerta del piso que le cede gratuitamente el Obispado de Teruel.

ElJusticia de Aragón, Fernando García Vicente, insta al Gobierno de Aragón en una reciente resolución a conceder a una mujer de 69 años de nacionalidad argentina y residente en Teruel, Marta Carabajal, el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), aunque admite que no cumple todos los requisitos para recibir esa ayuda. Carabajal, que no cuenta con ningún ingreso fijo y sobrevive con ayudas de los Servicios Sociales, Cruz Roja y Cáritas, se encuentra en “una suerte de limbo legal” que le cierra el paso a todas las pensiones y subsidios posibles. Por un lado, ha superado la edad máxima para acceder al IAI, los 65 años, lo que derivaría su atención hacía una pensión no contributiva, pero también esta opción se le cierra porque no cumple la exigencia de diez años de residencia en España.

Marta Carabajal reconoció que su situación económica es acuciante. “Estoy sin un euro”, señaló. Relató que desde los Servicios Sociales municipales le han advertido de que las ayudas de urgencia que ha recibido son “puntuales” y no puede disponer de ellas indefinidamente. Los apoyos se reducirán a Cruz Roja y a Cáritas, que le proporciona un bono de alimentación que puede utilizar el su economato. El Obispado le cede también un piso gratuitamente, aunque tiene que costear los gastos de calefacción y electricidad.

Carabajal, que trabajó como cuidadora de ancianos, ayudante de cocina y profesora de inglés, busca trabajo pero reconoce que con la elevada tasa de paro que ha dejado al crisis lo tiene muy difícil. “Se me cierran todas las puertas”, lamentó. Ahora, como último recurso, tramita la subvención de una fundación religiosa para pagarse el billete de avión a Argentina, donde reside una de sus hijas. Admite, no obstante, que tampoco en su país natal tiene aseguradas ayudas sociales, porque “todo está allí muy mal”.

El Justicia entiende en su sugerencia que, ante un caso de “extrema necesidad por razones de equidad y de humanidad”, el Gobierno de Aragón podría, “con carácter excepcional”, otorgar el IAI a Marta Carabajal. Admite, no obstante, que la situación de la mujer “no termina de acomodarse a ninguna de las normas” que regulan los subsidios públicos.

García Vicente considera que, frente a la exigencia normativa de un año de residencia ininterrumpida en territorio aragonés para acceder al IAI, la DGA debería tener en cuenta que la demandante vivió en Teruel desde 2003 a 2012, cuando se trasladó a Mallorca “por motivos laborales”. Tras residir tres años en la ciudad balear, regresó en 2015 a Teruel “para quedarse”. Concluye el Justicia que “existe” un arraigo probado de Carabajal en la capital turolense y este debería ser “un argumento para interpretar de modo flexible el requisito del año de empadronamiento”.

Marta Carabal admitió que el pronunciamiento del Justicia avala sus pretensiones pero reconoció su incertidumbre sobre al respuesta de la DGA a la hora de aplicar la recomendación. El dictamen señala, no obstante, que hace unos años el propio Justicia tramitó una solicitud similar también en Teruel y, aunque la DGA denegó la concesión del IAI, el afectado recurrió a los tribunales, que le dieron la razón y obligaron al Gobierno aragonés a pagar el IAI.

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