Abril alega que el Tribunal de Cuentas no vio ilicitud en las subvenciones de la Diputación

El exdiputado provincial Francisco Abril, imputado por el juez que investiga presuntas irregularidades en la concesión de ayudas de la DPT al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel, argumentó ayer que el Tribunal de Cuentas no vio ningún ilícito penal en el funcionamiento de la Diputación provincial en materia de subvenciones.

Abril, que declaró ayer durante más de dos horas y media ante el magistrado que instruye el llamado caso del Jamón, Jerónimo Cano de Lasala, explicó que, si bien la Cámara de Cuentas de Aragón elaboró en 2013 un informe en el que se ponía de manifiesto que había carencias en la DPT en el reparto de ayudas en 2011, el Tribunal de Cuentas no vio después irregularidades penales. La Cámara recomendaba a la DPT, entre otras cosas, mejorar su sistema de concesión de subvenciones de acuerdo a criterios objetivos y equitativos y cumplir la ley estatal aprobando un Plan Estratégico y unas Ordenanzas de subvenciones de los que entonces carecía.

Según dijo Abril, el estudio que la Cámara de Cuentas realizó sobre el funcionamiento de la DPT a lo largo de 2011 fue enviado al Tribunal de Cuentas, que lo remitió a su Fiscalía. Esta abrió ocho expedientes de responsabilidad contable, pero los fue archivando uno a uno a medida que la Diputación entregaba documentación y hacía aclaraciones. "No hay nada en materia de subvenciones que el Tribunal de Cuentas considere ilegal; todo está archivado y es correcto", dijo Abril.

El exdiputado, que actualmente es alcalde de Alfambra y vicepresidente de la Comarca Comunidad de Teruel, aseguró tras haber declarado ante el juez que no tiene intención de dimitir. "Yo, de momento, si no tengo más presiones, voy a seguir", dijo. "Cuento con el respaldo de mi partido –continuó–, que conoce la causa y sabe que no he cometido ninguna irregularidad en todo el procedimiento de concesión de subvenciones al Jamón".

En su opinión, el interrogatorio judicial al que fue sometido sirvió para aclarar que él no tiene "nada que ver con el Consejo del Jamón y que todas las subvenciones que se han dado en esta casa estaban regladas y conforme a las bases que salían". "En estos momentos –agregó– lo que necesito es salir con fuerzas y demostrar que no soy culpable de nada".

Abril es una de las 17 personas que están siendo investigadas –otras ocho fueron desimputadas recientemente– en el caso del Jamón desde que hace casi dos años el entonces presidente del CRDO, Eugenio García, denunciara a sus antecesores en el cargo por presuntas irregularidades en la gestión del Consejo Regulador. La investigación judicial se centra en estos momentos en averiguar si entre la DPT y el CRDO existió clientelismo o algún otro tipo de corrupción.Informe pericial

Un punto de inflexión en las diligencias judiciales supuso la llegada al Juzgado instructor de un informe pericial que afirmaba que algunas de las subvenciones recibidas por el Consejo del Jamón entre 2009 y 2013 desde organismos oficiales no estuvieron bien justificadas. El estudio apuntaba, entre otras, a tres ayudas de la DPT concedidas en 2010 y 2011 cuyas cuantías sumaban 68.000 euros.

Abril fue llamado a declarar ante el juez por haber firmado la orden de pago de una de esas 3 subvenciones cuestionadas por el perito. El exdiputado aclaró ayer que rubricó el expediente en sustitución de la presidenta, Carmen Pobo, que estaba de vacaciones, y que lo hizo contando con un informe de Intervención "que fiscalizaba de conformidad" y con la previa aprobación del Pleno. "Ha quedado acreditado que la Diputación obró legalmente", indicó. Añadió, en cuanto al procedimiento judicial, que "tendría que ir finalizando, pero el juez dirá".

Las otras dos subvenciones iban firmadas, respectivamente, por Antonio Arrufat, presidente de la DPT hasta mediados de 2011, y por Carmen Pobo, presidenta desde esa fecha hasta las últimas elecciones. Arrufat dimitió esta semana como delegado de la DGA en Teruel tras declarar ante el juez.

El abogado de Francisco Abril, Manuel Gómez Campos, defendió la inocencia de su representado y afirmó que su imputación está "sobredimensionada" dada la remota vinculación entre su cliente y la denuncia original. Explicó que, en caso de que Carmen Pobo fuera llamada a declarar en calidad de imputada, la causa pasaría a un tribunal superior, debido a la condición de aforada que tiene la expresidenta de la DPT por ser parlamentaria autonómica.