La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel considera que las diligencias abiertas contra un médico del helicóptero de emergencias del 112 que el 26 de abril de 2014 se durmió y no pudo acudir a asistir a los heridos de un accidente de tráfico, deberían ser archivadas. El siniestro, ocurrido en la A-23 a la altura de Santa Eulalia del Campo cuando un turismo en el que viajaban una pareja y su hija de 18 meses de edad se salió de la calzada, se saldó con la muerte de la madre de la pequeña y heridas graves en el padre.

Aunque no lo ha solicitado expresamente, el Ministerio Público se ha adherido al recurso presentado por el propio facultativo contra su imputación. La Fiscalía cree que no hay nexo causal suficiente entre la conducta del médico del 112 y la muerte de la mujer, de 37 años de edad, como para sustentar la acusación del sanitario. No obstante, el fiscal encargado del caso, Benito Soriano, tachó ayer de "reprochable" el comportamiento del médico.

Un "cúmulo de despropósitos" siguió al accidente que costó la vida a la mujer, según indicó Soriano. La víctima, con gravísimas heridas en el tórax que le provocaron una fuerte hemorragia interna, no fue llevada al hospital general Obispo Polanco de Teruel, a solo 30 kilómetros del lugar del siniestro, porque este centro sanitario no cuenta con una unidad torácica en la que se podría haber intervenido quirúrgicamente a la herida.

Tras ser avisado el helicóptero del 112 para trasladar a la herida a Zaragoza, el vehículo medicalizado de emergencias no acudió porque el médico estaba ausente de su puesto. Cuando finalmente llega una aeronave desde la capital aragonesa para evacuar a la mujer, esta no se encontraba lo suficientemente estable y no pudo ser trasladada por el aire a un hospital. La víctima murió desangrada en la carretera casi tres horas después del accidente tras entrar en situación de parada cardíaca.

La Fiscalía entiende que no puede afirmarse que la conducta del médico, a la que califica de "omisiva", causara la muerte de la mujer. No obstante, la Audiencia Provincial es la encargada de resolver ahora sobre el recurso presentado por el imputado y por el Ministerio Público. Si esta sala se opusiera al sobreseimiento de la causa y acordara continuar con el proceso abierto, el fiscal acusaría al médico, subsidiariamente, de una imprudencia leve, que actualmente, tras la última reforma del Código Penal, no es perseguible.

La familia de la fallecida está personada en la causa como acusación particular. La hija de la pareja, que gracias a los dispositivos de seguridad resultó ilesa, ha sido indemnizada económicamente, según informaron ayer fuentes judiciales. El siniestro se produjo alrededor de las 9.00, cuando el automóvil en el que viajaba la familia se salió de la calzada por la derecha en el punto kilométrico 144,3.

Tras el accidente, el padre del bebé, de 40 años de edad, fue trasladado en uvi móvil al hospital Obispo Polanco para ser tratado de las graves lesiones que presentaba. Con la familia viajaban también dos perros. Uno de los animales pereció en el siniestro, pero otro fue recogido por la Sociedad Protectora de Animales a petición del alcalde de Santa Eulalia, Héctor Palatsí, con quien contactó la Guardia Civil para que buscara alguien que se hiciera cargo de la mascota.