Los perjudicados por el proyecto investigado en Monroyo, indignados
?La Fiscalía intenta aclarar el destino de una ayuda del FITE de 90.000 en 2010 a una obra no realizada.
Pero además de la ayuda a fondo perdido, el Consistorio cobró a los cerca de veinte propietarios afectados algunos de ellos vecinos de Peñarroya de Tastavins 2.000 y 6.000 euros en sendas derramas.
Los afectados explican que, junto con el Ayuntamiento entonces gobernado por Andrés Cros (PAR), decidieron iniciar los trámites necesarios para conseguir la electrificación de la zona. Acordaron pagar parte de los trabajos y entregaron al secretario del Ayuntamiento su número de cuenta bancaria. Recuerdan que el Consistorio les pasó un recibo de 2.000 euros para costear un proyecto que no llegaron a ver. Algunos de los masoveros abandonaron entonces la iniciativa pero, al resto, unos ocho o diez, se les realizó un segundo cobro de 6.000 euros.
En el proyecto se contemplaban actuaciones en dos zonas de masías; una a la derecha de la carretera que une Monroyo con Peñarroya y otra a la izquierda. Uno de los propietarios, harto de esperar, electrificó por su cuenta su masía con el compromiso del Ayuntamiento de devolverle el dinero. No obstante, tanto él como el resto, llevan más de cuatro años intentando cobrar lo que se les debe.
La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar el destino del dinero desembolsado para el proyecto. Siguiendo órdenes del Ministerio Público, el grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional registró la semana pasada la sede del IAF en Zaragoza para recoger la documentación relativa a la electrificación de las masías de Monroyo.
El alcalde de Monroyo cuando el Ayuntamiento recibió la subvención, el aragonesista Andrés Cros, explicó que la ayuda del IAF se destinó al pago de los materiales acopiados por la empresa contratada, Electrificaciones La Mata de La Mata de Morella (Castellón), para construir la línea eléctrica de las masías. Cros explicó que las obras se retrasaron por la necesidad de incorporar un estudio de impacto ambiental y la demora hizo que varios interesados se descolgaran del proyecto.
Los propietarios afectados explican que en la pasada legislatura trabajaron con el alcalde, Óscar Arrufat (PSOE), y que ahora esperan una reunión con el nuevo primer edil, José Ramón Guarc (PSOE), que se realizará previsiblemente la próxima semana. Los afectados celebran que se esté investigando el asunto y exigen que les devuelvan su dinero. Guarc lamentó las lagunas que presenta la documentación sobre el proyecto disponible en el Ayuntamiento y se mostró decidido a "aclarar las cuentas".
El entonces secretario de Monroyo, que ejerce ahora su profesión en el Ayuntamiento de Alloza tras una polémica incorporación al puesto de trabajo, dijo no recordar el caso.
