Las nueve personas que han sido juzgadas por la Audiencia Provincial de Teruel por su participación en la operación 'Pikpan' han aceptado los hechos y las penas relacionadas con un delito contra la salud pública, que suman más de 20 años de prisión y multas de hasta 13.500 euros.

La operación 'Pikpan' permitió desmantelar en la ciudad de Teruel entre febrero y marzo de este año un punto de distribución y venta de droga procedente de la provincia de Valencia donde intervinieron dos laboratorios.

Cuatro de las personas juzgadas han aceptado penas de más de 3 años de prisión y multas de entre 7.000 y 13.500 euros, según han explicado fuentes del caso.

De estos cuatro, uno de ellos verá conmutada la pena de 3 años y tres meses de prisión y la multa de 1.000 euros por la expulsión a su país de origen.

Los otros cinco imputados han aceptado penas también por delitos contra la salud pública pero atenuados, por los que la Fiscalía pedía un año y tres meses de prisión como cómplices en su mayoría y multas en algún caso de 2.000 euros.

Las mismas fuentes han detallado además que la petición de la Fiscalía se basaba en su implicación en la red de distribución de las drogas en Teruel procedente de Valencia, y las multas en función de la cantidad de droga incautada a cada uno.

José María Cervell, abogado de la defensa, ha mostrado ante los periodistas su satisfacción por el acuerdo en el que se han rebajado las penas que pedía inicialmente la Fiscalía, que ascendían a casi 40 años de prisión.

Cervell ha dicho además que se ha tenido en cuenta "el arrepentimiento, el reconocimiento de los hechos y otra serie de atenuantes".

También para otro de los abogados de la defensa, Vicente Monzó, se trata de un "acuerdo justo" porque "era una causa bastante voluminosa" pero la realidad es que "la cantidad incautada era nimia", ha manifestado a los medios de comunicación.

A raíz de las diligencias dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel en esta operación se abrió otra investigación que permitió detener a otras 35 personas acusadas de narcotráfico y que operaban a nivel nacional, en la denominada operación 'Pikpan II'.

En esta segunda operación la Guardia Civil se incautó de una tonelada y media de cocaína.

El abogado Monzó ha dicho que la rebaja de las penas no tienen ninguna relación con la segunda fase de la operación.

Además, fuentes del caso han precisado que la vinculación entre ambas operaciones se basa en la información obtenida por la intervención del teléfono de uno de los detenidos en la primera fase y que no existe más relación entre los detenidos en ambas.