La Diputación de Teruel ha aprobado por unanimidad una declaración institucional apoyada por PP, PSOE, PAR e IU en la que reclaman al Gobierno de Aragón la elaboración de un decreto aragonés de vivienda.

La iniciativa, que había presentado Izquierda Unida, ha conseguido el apoyo de todos los grupos e incluye una moratoria de los desahucios, el realojo obligatorio de familias "deudoras de buena fe por causas sobrevenidas y familias en exclusión social".

También se incluye que el Gobierno de Aragón dote con 5.000 viviendas el parque de alquiler público a precios asequibles, lo que se hará "mediante acuerdo o convenio inmediato con la Sareb y las entidades financieras" y de no llegarse a acuerdo "podrán articularse otros mecanismos de intervención, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente", según recoge el texto.

Reclaman además elaborar un mapa de todas las viviendas de titularidad pública vacías en la Comunidad para incluirlas en el parque y rehabilitarlas en caso de ser necesario y para que sean gestionadas por las administraciones públicas de forma directa.

La Diputación de Teruel ha aprobado asimismo un nuevo programa de prestación de servicios de asistencia personal en los municipios dotado con 160.000 euros.

Este importe está dirigido a los ayuntamientos que presten servicios de salud como podología o fisioterapia así como peluquería.

El PSOE ha criticado que esto supone la duplicidad de competencias mientras que el equipo de gobierno PP y PAR ha defendido que estas medidas sirven para consolidar población.

La ayuda permitiría subvencionar el equipamiento de locales de titularidad pública municipal donde puedan prestarse dichos servicios e incentivar a los profesionales por su realización.

Serán beneficiarios de esta nueva línea de subvenciones los Ayuntamientos turolenses de aquellos municipios menores de 5.000 habitantes y en los que no exista otra actividad empresarial que preste dichos servicios de asistencia personal. La cuantía máxima a percibir por Ayuntamiento será de 3.000 euros.

Según las bases aprobadas por la DPT, se da prioridad a los municipios de hasta 250 habitantes y también se tiene en cuenta la distancia al municipio más cercano donde se preste el servicio de asistencia personal objeto de la convocatoria.

También se han aprobado 100.000 euros para la mejora de cuarteles y se ha aprobado un programa para optimizar el funcionamiento administrativo de los ayuntamientos, por un importe de 150.000 euros.