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La Audiencia Nacional avala la aplicación del decreto del carbón en 2013

Desestima la petición de Elcogás de que se tuviesen en cuenta los nuevos impuestos eléctricos a la hora de fijar su retribución.

La Audiencia Nacional ha avalado la resolución de febrero de 2013 del Ministerio de Industria en la que se fijaban para ese año los términos de aplicación del llamado 'decreto del carbón', entre los que figuran las cantidades de mineral autóctono, el volumen máximo de producción y la retribución del megavatio hora para las centrales eléctricas.

En una sentencia, la sala de lo contencioso de la Audiencia desestima el recurso de Elcogás en contra de esta resolución del Ministerio de Industria, en la que la empresa denuncia la imposición de una obligación de servicio público para la que se paga una retribución "confiscatoria y expropiatoria".

La central eléctrica reclamaba que, en la retribución que se le paga por quemar el carbón nacional, se tuviese en cuenta el coste del impuesto del 7 por ciento a la producción de electricidad que el Gobierno aprobó en 2012 y puso en marcha en 2013.

Para Elcogás, este impuesto eléctrico resultaba "especialmente grave", porque sus únicos ingresos son los que proceden precisamente de la quema de carbón nacional mediante este decreto, con lo que se ve "obligada a incurrir en pérdidas inevitables".

"Tal pretensión no puede ser estimada", replica la Audiencia, "por cuanto implicaría modificar esa normativa introduciendo conceptos que la misma no contempla".

En todo caso, el tribunal sí reconoce que, mediante el 'decreto del carbón', a las centrales eléctricas se les obliga a responder a una programación establecida por la Administración en la que las instalaciones "carecen de cualquier poder de disposición sobre los elementos económicos".

Esta sentencia se suma a otras resoluciones del Tribunal Supremo en las que se han avalado tanto el decreto de restricciones de garantía de suministro, que es el nombre técnico de este 'decreto del carbón' aprobado en 2010, como los recortes del 10 por ciento que sufrió la retribución de las centrales de carbón en la aplicación de este decreto en 2012.

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