Los trabajadores de acogida de menores alertan de un empeoramiento del servicio
Denuncian que la DGA prima los criterios económicos y mercantiliza una actividad esencial como la atención de menores en situación de riesgo y desprotección.
Los trabajadores encargados de los pisos de acogida de menores tutelados por el Gobierno aragonés en Teruel alertan de un previsible deterioro del servicio con la rebaja del presupuesto destinado a esta prestación en el concurso convocado para elegir una nueva empresa gestora. Los empleados de la actual concesionaria, FAIM, advierten de que al 4% de recorte presupuestario se suma otro 4% por tener que asumir gastos que hasta ahora no correspondían a la empresa, como ropa, libros de texto, material escolar, matrículas, gastos médicos o desplazamientos. A esta rebaja se sumará la que ofrezcan las compañías que pujen a la baja en el concurso para conseguir el contrato.
Los trabajadores de la vivienda hogar -para menores de 14 años- y del piso de tutelados -para chicos de entre 14 y 18 años- de Teruel, señalan en una nota que con la merma presupuestaria y las previsibles rebajas de las empresas participantes en el concurso se producirá una pérdida de calidad del servicio, con menos recursos disponibles, la precarización de esta prestación social y el empeoramiento de las condiciones laborales. La prioridad de la Administración es, a su juicio, aplicar criterios mercantilistas.
Los trabajadores consideran que la rebaja económica es flagrante y eso hará que las empresas interesadas lo tengan muy difícil para cubrir con calidad las necesidades de los menores. Según el comunicado de los empleados del servicio, la DGA prima los criterios económicos y mercantiliza una actividad esencial como la atención de menores en situación de riesgo y desprotección. A su juicio, debería ser al revés y valorarse, básicamente, la atención adecuada de los menores para proporcionarles un contexto seguro, nutritivo, protector y terapéutico.
Además, consideran erróneo que los dos centros que atienden a menores en situación de desamparo -la vivienda hogar y el piso tutelado- salgan a concurso por separado, lo que podría romper el criterio de unidad y estabilidad. Los trabajadores señalan que los dos establecimientos forman un nexo vivencial, y la gestión unificada favorece su eficacia.
La plantilla de los dos centros está formada por 16 personas, entre educadores y personal de servicios.
