Ya suman nueve las personas imputadas por el Juzgado de Instrucción número tres de Teruel en la investigación abierta para esclarecer supuestas irregularidades económicas en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel que habrían sido cometidas entre 2009 y 2012.

Ayer acudió a declarar el industrial jamonero y exvocal del Consejo Regulador (CR) Artemio Conejos, quien, en calidad de imputado, permaneció en el despacho del juez por espacio de algo más de 2 horas. Conejos, que llegó al Juzgado con media hora de antelación, eludió hablar con los medios de comunicación sobre su declaración ante el magistrado y optó por abandonar las dependencias judiciales por una puerta de servicio.

Antes que Artemio Conejos, otros ocho exmiembros del Consejo del Jamón han declarado ya como imputados en el caso en los últimos días. Se trata de Clemente Garcés, Salvador Campos, Miguel Ángel Blanco, Déborah Martínez, Jerónimo Carceller, José Manuel Belsa, Juan José Moles y Pilar Martín, esta última presidenta de la institución durante el periodo investigado.La causa, abierta

Aunque no está previsto que el juez instructor de la causa tome hoy nuevas declaraciones, la investigación sigue abierta y se calcula que el número de imputados en la misma pueda llegar hasta quince en las próximas semanas. Por ahora, el magistrado no ha citado a declarar al anterior gerente del Consejo Regulador, Fernando Guillén, pese a que la Policía Judicial solo encontró indicios de delito contra él. De hecho, el atestado policial, resultado del análisis de la documentación requisada en la sede del CR y de las declaraciones de testigos en la Comisaría, termina con la única imputación de Guillén, que trabajó en la Denominación de Origen entre 2009 y 2013.

El magistrado trata de averiguar si se cometió en el seno del Consejo del Jamón malversación de caudales públicos, administración desleal y delito societario. La actuación judicial responde a la denuncia que a primeros de año presentó el expresidente Eugenio García, quien advirtió de posibles delitos de carácter económico y fraude alimentario. Este último habría consistido en poner a la venta jamones con el sello de la denominación de origen que en realidad no cumplirían las condiciones exigidas para llevar este marchamo de calidad.

El juez investiga, entre otros aspectos, la extracción de 28.000 euros de cajeros por el exgerente y el destino de 84.442 euros gastados en combustible.