Imputados seis exmiembros del Consejo del Jamón por malversación y delito societario
El Juez investiga la extracción de 28.000 de cajeros por el exgerente entre 2009 y 2013.
Señala que no se justificó debidamente el destino de 84.442 gastados en combustible
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la gestión económica del Consejo Regulador del Jamón de Teruel entre 2009 y 2013 ha desembocado en la imputación de seis exconsejeros, aunque la cifra podría alcanzar la quincena en los próximos días. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital ha citado desde el pasado día 8 de octubre en calidad de imputados a los antiguos miembros del órgano gestor de la Denominación de Origen Clemente Garcés, Salvador Campos, Miguel Ángel Blanco, Deborah Martínez y Pilar Martín, esta última presidenta durante el periodo investigado. Ayer le tocó el turno al exvocal Jerónimo Carceller.
El juez les imputa los posibles delitos de malversación de caudal público, administración desleal y delito societario, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La actuación judicial responde a la denuncia presentada en su día por el expresidente Eugenio García que sucedió a Pilar Martín por supuestos delitos de carácter económico y fraude alimentario.
Entre las múltiples cuestiones que investiga el juez destacan por su cuantía económica, un abono de 146.137 euros por una reclamación administrativa, el gasto sin justificar de 84.442 euros en combustible y los 28.283 euros extraídos de cajeros por el exgerente Fernando Guillén entre el 9 de septiembre de 2009 y el 17 de septiembre de 2013. Las respuestas de los declarantes oscilan entre el desconocimiento de esta situación y la indignación.
Los imputados son sometidos invariablemente a un exhaustivo cuestionario por el juez, que intenta averiguar su grado de conocimiento o implicación en posibles ilegalidades. El interrogatorio incluye más de cien preguntas, que coinciden en varios de los declarantes. Insiste en conocer detalles del funcionamiento del Consejo Regulador y también de la sociedad filial Promorigen, dedicada a labores de promoción.
El magistrado investiga una posible duplicidad de funciones promocionales entre Promorigen y el Consejo Regulador (CR). Señala respecto a la sociedad instrumental que su situación económica es ruinosa y sobrevive gracias a las periódicas inyecciones financieras del Consejo.
El juez sospecha que la creación de Pormorigen pretendía generar sobresueldos para parte del personal del Consejo y eludir los controles del CR, que debe autorizar los gastos cuando superen el 2% de su presupuesto. Varios vocales han respondido, no obstante, que Promorigen dependía exclusivamente del Consejo, se centraba en la promoción del jamón y no acarreaba costes añadidos.
Los exconsejeros afirman desconocer las presuntas irregularidades sobre las que pregunta el juez, referidas a detalles de administración y contables. Los exvocales derivan la responsabilidad de la gestión en el anterior gerente, Fernando Guillén, que no ha sido citado a declarar en el juzgado. Guillén testificó la pasada primavera ante la Policía Nacional, que realizó un primer informe sobre documentación que requisó al Consejo.
