Piden hasta 21 años de prisión para un exalcalde acusado de sustraer dinero de las arcas públicas

El exalcalde de Cuevas de Almudén, Mariano Solsona, se sienta desde ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Teruel acusado de prevaricación administrativa, sustracción de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones públicas. Se enfrenta por ello a graves peticiones de condena. Mientras la Fiscalía pide para él 8 años de prisión y 28 años de inhabilitación para cargo público, el actual Ayuntamiento de la localidad, personado como acusación particular, eleva la solicitud de pena a 21 años de cárcel y a otros 28 de inhabilitación. 

Junto a él están siendo juzgados también un constructor y un arquitecto por su presunta participación en los delitos que son objeto de la causa. El Ministerio Fiscal pide para cada uno de ellos 5 años de prisión mientras que la acusación particular solicita 23 años y medio de cárcel para el constructor y 3 para el arquitecto.

El juicio, que continúa hoy, persigue esclarecer si el exalcalde, que gobernó el municipio desde 1995 a 2003 bajo las siglas del PAR, aprovechándose de su cargo y en concertación con los otros dos acusados, obtuvo subvenciones públicas valiéndose de facturas, certificaciones de obra, presupuestos y proyectos falsos. Esta es la tesis que sostiene la acusación particular, cuyo letrado, Miguel Ángel Lou, denuncia igualmente que el Ayuntamiento pagaba a la empresa del constructor, sin justificación y sin obra concreta ejecutada, cantidades muy superiores al coste real de los trabajos realizados. Esta parte afirma que mediante este sistema los acusados se habrían apropiado de algo más de 785.000 euros de fondos de las arcas públicas.

El fiscal señaló que, por ejemplo, por las obras de construcción del albergue municipal el Ayuntamiento pagó a la constructora cerca de 724.000 euros cuando solo se había ejecutado el 42% de los trabajos –el edificio permanece inacabado hoy en día–, cuyo coste ascendía a 157.000 euros. Añadió que para este proyecto se lograron subvenciones de diversas instituciones por valor de casi 379.000 euros y que la diferencia se destinó a otros fines.

Solsona negó ayer en sus declaraciones haber cometido alguna irregularidad en la contratación de obras para la localidad. Aseguró que todos los trámites eran aprobados en el pleno municipal y argumentó, en su defensa, que las gestiones administrativas del Consistorio eran realizadas por otras personas. Alegó que su único interés al encargar proyectos "era mejorar el pueblo".

Por su parte, el constructor, Agustín Moliner, declaró que él seguía las instrucciones que le daba el entonces alcalde a la hora de elaborar las facturas por los trabajos realizados. El arquitecto encausado, José Luis Guillén, señaló que mientras trabajó para el Ayuntamiento de Cuevas de Almudén él mismo detectó "una administración deficiente" que, no obstante, achacó a la falta de medios técnicos debido, a su vez, a la escasa población, apenas 150 habitantes. "Yo solo certifiqué por lo que hice", se defendió.