La Diputación Provincial de Teruel (DPT) tendrá que compensar a los ayuntamientos que recibieron menos dinero del que legalmente les correspondía en el Plan de Ayuda al Equipamiento Municipal (PAEM) de 2011, dotado con 6,9 millones de euros y que fue recurrido judicialmente por Compromiso con Aragón (CCA). El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la capital turolense da, en un reciente auto, la razón a Compromiso parcialmente, porque rechaza su pretensión de que los consistorios que hubieran recibido subvenciones por encima de lo derivado de la normativa del propio PAEM devolvieran el exceso.

El presidente de CCA, Joaquín Moreno, pidió la dimisión de la presidenta de la DPT, la popular Carmen Pobo, porque, aunque el reparto del PAEMde 2011 se produjo antes de que asumiera la presidencia, «en lugar de resolver el problema ha contribuido a enquistarlo».

Tras la anulación por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del PAEMde 2011 –ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón–, la DPT rehizo el reparto de los 6,9 millones de subvención aplicando sus propias bases de distribución y teniendo en cuenta todas las solicitudes recibidas en su día. El resultado fue que no había ni una sola coincidencia con el reparto aplicado en 2011, que incluyó 236 proyectos.

El listado elaborado con criterios objetivos y ajustados a la normativa incorporó 65 proyectos rechazados inicialmente e incrementó la asignación de otro centenar. En todos estos casos, de acuerdo al auto judicial del pasado día 8, la DPTdeberá compensar con la diferencia respecto a lo ingresado hace tres años «a través del mecanismo que articule la Diputación». El auto, que es recurrible en apelación, considera que «no cabe» aplicar la «drástica solución» propuesta por Compromiso consistente en la devolución de los excesos de ayuda obtenidos en 2011 por un centenar de obras porque ya se han ejecutado y pagado.

La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, Elena Marcén, rechaza la pretensión de la DPT de declarar inejecutable la sentencia que anuló el PAEM porque ha incumplido el plazo de dos meses para plantear esta cuestión y, por otro lado, considera que no existe esa imposibilidad material de ejecución.