Resurge la oposición a la mina de arcillas en Aguilar tras la solicitud de licencia ambiental

El proyecto de apertura de una mina de arcilla en el término municipal de Aguilar del Alfambra, que suscitó hace tres años un destacado movimiento de rechazo social, ha hecho renacer la corriente de oposición al haber solicitado recientemente los promotores licencia ambiental de actividad al Ayuntamiento de la localidad.

La empresa Sibelco Minerales Cerámicos, antigua WBB (la multinacional Watts Blake Bearne España), dispone de una concesión minera de 1.500 hectáreas de terreno para abrir una mina de arcillas, iniciativa a la que siempre se han opuesto los vecinos. Entienden que la explotación hipotecaría el futuro del pueblo por el «tremendo impacto» que, según dicen los colectivos opositores, ocasionaría a su territorio.

El proyecto permanecía aparcado desde hacía más de tres años, después de que el juzgado de lo Contencioso Administrativo diera la razón a la empresa minera en un litigio que mantenía con el Ayuntamiento. La razón de esta disputa judicial se basaba en la suspensión por parte del Consistorio de la concesión de la licencia de actividad a la multinacional en tanto en cuanto el Gobierno Aragonés no emitiera una declaración de impacto ambiental. La Justicia consideró, sin embargo, que, por sus dimensiones y características, la explotación no precisaba de este informe.

Información pública

Tras la publicación esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia de la solicitud al Ayuntamiento de licencia ambiental para la actividad de la mina, se abre un periodo de información pública que se prolongará durante quince días. La plataforma Aguilar Natural –uno de los principales movimientos opositores– ya ha anunciado que presentará alegaciones a este proyecto, una postura a la que, según asegura Ivo Aragón, uno de sus portavoces, se sumarán otros colectivos de la zona.

El alcalde de Aguilar, Vicente San Francisco, señaló que el proyecto «está siguiendo el cauce normal» de todo proceso administrativo, y agregó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán a partir de ahora el informe, «en base a si se detecta o no impedimento legal».

Ivo Aragón manifestó que los colectivos de oposición a la mina de arcillas llevan «seis años preparando alegaciones». Agregó que estas se basarán en las «carencias» que, a su juicio, presenta el proyecto. Ente ellas, destacó la ausencia de planos y sondeos del subsuelo, necesarios, a su juicio, «para calcular su densidad y evaluar el volumen anual de extracción y para estudiar la posible afección de los acuíferos». Como ejemplo de la imprecisión de los informes, Aragón dijo que el proyecto no contempla un yacimiento arqueológico de época andalusí que «quedaría destruido por estar justo en el centro de la explotación». Tampoco se han tenido en cuenta los restos paleontológicos localizados en diferentes asentamientos a lo largo de los terrenos que ocupa la concesión minera.

Pero una de la cuestiones que más preocupa a los vecinos de Aguilar es la imposibilidad de apostar en un futuro por el turismo rural, si al final se abre la explotación. El portavoz de la plataforma ciudadana explicó que las instalaciones se emplazarían a menos de dos kilómetros del pueblo, lo que provocaría que el desmonte pudiera ser visto desde cualquier punto del núcleo urbano. Su inquietud viene motivada, igualmente, por la posibilidad de que los camiones cargados de arcillas atraviesen el pueblo.

Según los datos de la empresa, la mina se situaría en el punto más alejado del núcleo urbano y en una zona improductiva. La actividad de la explotación permitiría crear siete puestos de trabajo directos, más otros veinte destinados a transportistas. La concesión minera se prolongaría durante 22 años.