El expresidente de la D.O. Jamón de Teruel recurrirá la creación de la gestora

El expresidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jamón de Teruel, Eugenio García, y seis exvocales solicitarán a la autoridad judicial la suspensión cautelar de la Comisión Gestora creada por decisión del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, tras dejar su actividad cinco miembros del Consejo.

Esta gestora está revisando el funcionamiento del Consejo Regulador y su presidente, Fernando Calvo, se ha mostrado dispuesto a colaborar con el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, que investiga si ha habido fraude alimentario o económico.

García y los seis exvocales han anunciado que recurrirán el nombramiento de la gestora, en la que ellos no están representados, aunque sí hay miembros del grupo que dejó el Consejo.

El expresidente ha asegurado que "va ha haber recurso" porque el nombramiento de la gestora "es un atropello" y ha añadido que "está usurpando funciones". Ha recordado que "ya hemos ganado unas elecciones".

Eugenio García ha continuado diciendo que los recurrentes representan a más de 40 industriales de la Denominación de un total de 56 inscritos, mantienen 500 empleos y forman parte de una asociación que acudió a las pasadas elecciones del Consejo, lo que harán nuevamente cuando las convoque la gestora.

El exvocal José Antonio Sánchez ha manifestado "que estamos como una piña" y que al frente del Consejo "nadie puede decir que hayamos hecho algo ilegal". Al entrar en el Consejo, ha recordado Sánchez, se formó una comisión económica para reducir los gastos a la mitad. "

"No es legal" 

El presidente y vicepresidente pidieron al gerente, Fernando Guillén, que presentara una propuesta para reducir gastos, pero "no presentó nada", y después se le cesó. Sánchez ha defendido la actuación de García al frente del Consejo y ha afirmado que las acciones llevadas a cabo no han ido "nunca contra los ganaderos".

Otro de los vocales, Paco Nácher, ha expuesto que la gestora nombrada por el consejero de Agricultura "para mí no es legal" y ha pedido que convoquen elecciones de forma inmediata. Ha insistido en que representan al 60 ó 70 por ciento de los industriales y quieren "igualdad" en el pago de las tasas, asunto en el que las grandes industrias se ven favorecidas frente a los pequeños industriales.

Según este exvocal, el consejero Modesto Lobón, a pesar de haber dicho que desconocía la supuesta existencia de irregularidades en la gestión del Consejo, firmó el 8 de mayo de 2013 un documento en el que reconocía que las tasas que se cobraban eran ilegales. Eran tasas de 2.000 euros por industria con independencia del número de jamones a secar, lo que fue recurrido exitosamente. También reclamarán las de 2013.

Otro de los vocales destituidos, Joaquín Buj, ha criticado la "destitución forzosa" a que se han visto sometidos quienes fueron elegidos democráticamente, cuando lo que querían era "transparencia" y "salvar la Denominación de Origen". El industrial Juan José Pastor ha recordado que el Consejo se nutre de las cuotas que pagan y de "dinero público".

También ha intervenido el ganadero e industrial Jesús Villamón, quien ha pedido a la gestora que "sea honesta y austera", ya que los cesados "no hemos pasado como gasto ni un café" cuando antes había "gastos y sueldos excesivos" y en este momento "las arcas están muy debilitadas".