El Ayuntamiento de Teruel ha rechazado este lunes con los votos del PP y del PAR en un pleno extraordinario sumarse al recurso al Tribunal Constitucional (TC), una iniciativa que ha impulsado el PSOE y otras formaciones contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales.

La sesión plenaria se ha convocado a petición de los grupos municipales del PSOE y de CHA. A continuación, en el pleno ordinario celebrado también este lunes, se ha vuelto a tratar el mismo asunto, aunque esta vez en forma de propuesta de resolución, presentada por el grupo municipal del PP en la que se ha pedido la defensa de la ley "como instrumento para garantizar la prestación eficaz de servicios públicos de calidad a los ciudadanos". Ha sido aprobada.

En el debate, Mayte Pérez, la portavoz del PSOE, ha calificado la ley de "atropello y despropósito contra la autonomía local". Para esta concejal se quitan competencias a los ayuntamientos y abre la vía a la privatización de los servicios.

Los mecanismos de tutela ha señalado, "sitúan a los ayuntamientos en una posición de dependencia jerárquica bajo la tutela de la Intervención General del Estado".

Además supone "un golpe a la representación política" porque "limita el papel de la oposición y sume a los políticos elegidos democráticamente en una situación de inseguridad jurídica. El único fin de esta ley "es el control político de los ayuntamientos", ha aseverado Mayte Pérez.

El portavoz de CHA, Paco Martín, ha calificado de "ataque a la democracia, al pluralismo y a los ciudadanos" la ley de la reforma local. Es "una desapoderación competencial, una vulneración de los principios democráticos e impone mecanismos de tutela condicionantes" de la actuación política y en cualquier caso no resuelve uno de los temas pendientes como es la financiación.

Por su parte, el concejal del Partido Aragonés (PAR), Ricardo Eced, ha dicho que los ayuntamientos han ejercido competencias propias e impropias "y ahora parece que se empieza a controlar". Asimismo ha expresado su apoyo a la ley por el reconocimiento de la competencias que en materia de ordenación territorial tiene el Estatuto de Autonomía de Aragón.

El portavoz del PP, Jesús Fuertes, ha argumentado que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local "clarifica, no quita competencias" y ha matizado que en la misma "no aparece la palabra privatización".

Fuertes ha incidido en que "se racionaliza, se ponen límites al sistema de retribuciones" de los cargos, y que el control fiscal evita que el político convierta el ayuntamiento en "su cortijo".