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Teruel

Educación

Serrat admite que hubo un boicot a la prueba de 6º de Primaria en Teruel

La consejera, que ha comparecido en las Cortes, ha señalado su intención de seguir profundizando con pruebas piloto hasta generalizar la prueba.

La consejera de Educación Dolores Serrat
Serrat defiende un recorte del 48% en Deportes para no reducir más en Educación
JOSÉ MIGUEL MARCO

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, ha reconocido el boicot de algunas familias a la prueba piloto de evaluación de las competencias de los alumnos de sexto de Primaria en Teruel, pero también ha dicho que el Justicia de Aragón ha avalado la legalidad de su realización.

Serrat ha comparecido este viernes en las Cortes de Aragón, a instancias de IU, para explicar esta prueba de evaluación, aunque la petición se formuló, como ha recordado el portavoz del grupo de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, cuando ésta aún no se había realizado, lo que "desnaturaliza" la iniciativa.

La prueba se realizó ya el 27 de mayo pasado en 48 centros de la provincia, pero está pendiente de hacerse en otros ocho, el próximo 3 de junio, ha detallado Serrat, quien ha replicado que ella acude a las comisiones de las Cortes cuando se le llama, y que no tiene capacidad decisoria en la fijación de los órdenes del día de estos órganos parlamentarios.

Ante las críticas de los tres grupos de la oposición, que han recordado que algunos padres no llevaron a sus hijos al colegio el día de la prueba por estar en desacuerdo, la consejera ha dicho que si ha habido boicot "es porque alguien lo ha instado".

Y aunque ha reconocido que se presentaron ante el Justicia de Aragón más de ochocientas quejas por esta prueba, ha explicado que el jueves mismo recibió la resolución de la institución de defensa del ciudadano en la que se avala su legalidad de la convocatoria y la competencia de la Dirección Provincial de Educación de Teruel para convocar la prueba.

El Justicia, ha agregado, pone de manifiesto que son "plausibles" las pruebas de evaluación, y como única sugerencia dice que se debe de ser cuidadoso a la hora de hacer públicos los resultados, para que estos no se entiendan como una competición entre centros.Un proceso "mejorable"

Ha reconocido que el proceso "es mejorable" y que en el futuro "tiene que servir para mejorar el proceso educativo" y ha anunciado su intención de seguir profundizando con pruebas piloto hasta generalizar la prueba.

La prueba, ha insistido la consejera, en ningún caso servirá para evaluar a los alumnos, sino al sistema, y tampoco para hacer un "ranquin de centros", puesto que los datos que se harán públicos a las familias serán los individuales de sus hijos en relación con la media del centro y, quizá, pues es algo que aún se tiene que decidir, en relación con la media de la provincia.

La Ley Orgánica de Educación y el Estatuto de Autonomía, según Serrat, avalan la convocatoria de pruebas de evaluación a final de etapa como la planteada, aunque desde la oposición se ha reprochado que lo que se ha pretendido es adelantar la aplicación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en tramitación, que fija específicamente la realización de una evaluación a final de Primaria.La oposición

Barrena, quien ha insistido en que "no tiene sentido" que la consejera dé explicaciones cuando la decisión "ya se ha impuesto y ejecutado", ha criticado la falta de consenso en este aspecto y ha dudado de la "oportunidad" de destinar tiempo y recursos a esta prueba en el contexto que vive actualmente la escuela pública.

La diputada socialista Mayte Pérez ha dicho que la prueba es "nula", la ha dictado un "órgano incompetente en la materia" y ha sido una "chapuza" puesto que ni siquiera ha podido hacerse en todos los centros a la vez.

El PSOE, ha asegurado, comparte la necesidad de evaluar el sistema, pero no de éste modo, porque choca con la propia evaluación interna de los centros y porque se corre el riesgo de que sirva "para expulsar a los alumnos más molestos del sistema", algo en lo que ha coincidido Gregorio Briz (CHA).

Briz, además, ha negado que la LOE hable de la necesidad de evaluaciones externas como la planteada, también ha echado de menos participación y transparencia y ha lamentado que se haya anunciado tan tarde, sin dar tiempo a los centros a incluirla en su programación.

La popular María José Ferrando ha dicho que si la educación es un derecho en el que se invierten "cuantiosos recursos", es normal que la sociedad quiera saber si éstos se emplean de forma eficaz, y ha apuntado que tras la "polémica" no hay más que un "miedo endémico" a que el sistema sea evaluado.

María Herrero (PAR) ha indicado que lo más importante es adoptar en este asunto una actitud colaboradora, que las pruebas internas se integren con las externas y poder hacer un diagnóstico de la situación para mejorarla. 

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