Minería

Soria achaca el problema del carbón a la política de "esquizofrenia" del PSOE

El ministro de Industria ha confiado en que "si las cosas van como van" el Gobierno pueda lograr que las minas competitivas puedan continuar abiertas a partir de 2019.

José Manuel Soria en el Consejo de Ministros.
Soria recuerda que el fin de las ayudas al carbón es un mandato europeo
EFE

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido este miércoles que la situación actual del carbón es fruto de las "decisiones erróneas" del gobierno socialista, cuya política energética estuvo "cargada de mucha esquizofrenia".


En respuesta a una pregunta de la diputada socialista Luisa Carcedo, Soria ha considerado "erróneas" las decisiones tomadas en materia de política energética durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.


En su opinión, el fallo fue "simultanear una política de primas a las renovables con una política de ayudas y primas al carbón porque era ineficiente" y, al mismo tiempo, la "incentivación de nuevas infraestructuras gasistas para impulsar los ciclos combinados".


A esto se añade, según el ministro, que "cuanta más energía renovable entraba menos utilización de los ciclos combinados", lo que da como resultado "una política energética cargada de mucha esquizofrenia".


A pesar de ello, Soria ha confiado en que "si las cosas van como van" el Gobierno pueda lograr que las minas competitivas puedan continuar abiertas a partir de 2019, aunque hayan recibido ayudas con anterioridad.


Con respecto al Grupo Alonso, Soria ha señalado que las ayudas correspondientes al ejercicio 2012 le han sido denegadas porque la empresa tiene deudas con la Seguridad Social y, por lo tanto, su concesión supondría una "decisión injusta" castigada por el Código Penal.


Industria ha desestimado un recurso presentado por Uminsa y Coto Minero del Cantábrico, ambas del Grupo Alonso, contra la decisión de denegar ayudas por valor de 50 millones de euros correspondientes a 2012 al considerar que las compañías incumplen la exigencia de estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.