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Crisis del carbón

Los trabajadores de la térmica de Andorra temen que Endesa quiera "echar un órdago"

Donoso considera que la postura de Endesa de retrasar la decisión de invertir en la central térmica turolense es una farsa para conseguir más ayudas.

El presidente del comité de la Central Térmica de Andorra, Antonio Donoso, ha opinado que la carta enviada por Endesa al consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, indicando que no tomará una decisión sobre si invertir o no en esta central hasta que no sepa cuál será el marco que regulará el sector energético y el sector térmico es un "órdago" para intentar conseguir más ayudas de las Administraciones. 

Donoso ha considerado el movimiento de Endesa como "una estrategia política y empresarial" y ha explicado que la empresa se ha expresado a los trabajadores en los mismos términos lo cual  "es algo que ya se esperaba".

A su entender, "como le han subido los impuestos por la regulación de obligatoriedad de quemar carbón, al final ellos quieren dinero" y ha mostrado su temor de que la empresa quiera "echar un órdago" para pedir que "le subvencionen todo aquello a lo que le obligan y, entonces, invertirá".

El presidente del comité de la Central Térmica de Andorra ha señalado que la empresa pretende "mover a las masas sociales" para que, a su vez, presionen a los políticos y ha estimado que en la misma línea está la decisión de no quemar el carbón procedente de las minas de Carbonífera del Ebro en Mequinenza.

Acciones reivindicativas

Donoso ha indicado que los trabajadores todavía no tienen claro si emprender algún tipo de acción reivindicativa porque "si lo que quieren es jugar al póquer o echar un órdago pues se hace y si no es rentable, que la cierren y si es rentable, que inviertan".

El representante de los trabajadores se ha mostrado convencido de que esta central térmica es rentable porque "ya está amortizada y todo lo que saca ahora es negocio puro y duro" por lo que ha estimado que "todo es una farsa".

Donoso ha recordado que la empresa dispone hasta final de año para decidir si invierte o no en la planta de Andorra, adaptándola a la normativa europea en materia medioambiental, lo que requeriría de unos 200 millones de euros. Además, tiene tres años más para realizar las obras. De lo contrario, la central tendría que cerrar en un plazo de cinco años, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

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