Educación

Marcha de profesores del IES 'Sierra de Albarracín' en defensa de la enseñanza pública

Se dirigen a Teruel, donde este lunes se concentrarán ante la sede del Servicio Provincial de Educación.

Los profesores, también algunos padres e incluso alumnos del IES 'Sierra de Albarracín' van a emprender este domingo una marcha a pie hasta la capital turolense, en defensa de la escuela pública. Harán la caminata en dos jornadas, y este lunes, se concentrarán ante el Servicio Provincial de Educación para pedir, incluso, la dimisión de la consejera de Educación, Dolores Serrat.


La marcha parte de la localidad de Albarracín a las 18.30. Los participantes dormirán en el vecino municipio de Gea. Desde allí saldrán este lunes con la intención de llegar a la capital turolense, donde a las 13.00, se concentrarán ante la sede del Servicio Provincial de Educación.


Uno de los portavoces de los profesores del IES 'Sierra de Albarracín' ha dicho que "llevaremos todas las firmas que hemos recogido en Teruel y en la Sierra de Albarracín", unas rúbricas que muestran "nuestra oposición a los recortes y nuestra defensa de la escuela pública y de la escuela rural". Entre sus peticiones se encuentra la de la dimisión de la consejera de Educación, Dolores Serrat. "Hay una falta total de información y la consejera actúa únicamente como una gestora, no como una persona que trabaja en representación de la educación", ha añadido.


En este sentido, el portavoz de los profesores ha asegurado que "los recortes ya han comenzado", tanto que "muchos programas se van a dejar morir por falta de presupuesto, no desaparecen pero sin financiación acabarán por no funcionar".


Además, ha apuntado que no hay transporte escolar para las pruebas extraordinarias de septiembre, muy pocas familias podrán obtener la ayuda para la compra de libros de texto, sube el precio de los comedores y se reducen las becas.


En el caso de la escuela rural, "los problemas se agravan porque hay más territorio, menos población". Y es que, ha criticado el portavoz que, para servicios como la educación o la sanidad "se hable en términos económicos y no de dar servicio a la población".